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En 2021, las servidoras públicas y las candidatas contarán con más instrumentos para proteger su participación en la vida pública del país.
Al padrón de agresores del INE (y en el que, hasta ahora, sólo hay dos funcionarios municipales incluidos) se suma la decisión de la Sala Regional Especializada del TEPJF de resolver cualquier impugnación sobre presunta violencia política de género en medios o
redes sociales, aun cuando la agraviada no sea candidata.
La decisión fue tomada por los magistrados, cuando discutieron una impugnación contra Ricardo Gallardo, diputado por el PVEM y aspirante a gobernador de San Luis Potosí.
En ella, Natalia Castillo, funcionaria del servicio municipal de aguas, alegó presunta violencia política de género, pues Gallardo la llamó “tonta”. A pesar de que la mayoría de los magistrados consideraron que le asistía la razón, dieron entrada al caso, aun cuando
no se trataba de una candidata.
La decisión permitirá que cualquier servidora pública pueda impugnar una conducta presuntamente constitutiva de violencia política de género, aunque no sea candidata o funcionaria de cierto nivel jerárquico.
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