Desmantelan el Centro Nacional de Identificación

Ciudad de México. Anunciado por todo lo alto como un proyecto novedoso para responder a la demanda de familias de miles de desaparecidos y hacer frente al enorme reto de la crisis forense –que significa al menos 52 mil cuerpos sin identificar depositados en fosas comunes, en los servicios forenses y en los centros de resguardo–, el Centro Nacional de Identificación Humana (CNIH) está siendo desmantelado.

En meses recientes, sus trabajos científicos para poner nombre a los restos humanos quedaron paralizados porque se rescindieron contratos de personal y se dejó de dotar de recursos materiales y equipo tecnológico apropiado. Esta suspensión de facto del centro que se proclamó de avanzada empezó con la administración de la secretaria de Gobernación, Luisa María Alcalde, en junio de 2023.

Además, con la llegada de la nueva titular de la Comisión Nacional de Búsqueda (CNB), Teresa Guadalupe Reyes Sahagún, en octubre de ese mismo año, y de José Muñoz Gómez, como director del CNIH, el edificio ubicado en Xochitepec ha sido desalojado porque no se concretó el proceso de donación que haría el gobierno de Morelos. La plantilla de trabajadores, de 59 personas, fue disminuida en alrededor de 70 por ciento y los que quedaron fueron trasladados a unas oficinas en la Ciudad de México, según fuentes consultadas.

Hasta ahora ni Gobernación ni la CNB han emitido información oficial respecto del futuro del centro; tampoco la comisión ha cumplido con emitir los lineamientos de operación del CNIH, que tendría que haberse hecho en noviembre de 2022, según la Ley General en Materia de Desaparición.

La reforma a esa ley que autorizó la puesta en operación del CNIH no estableció en su momento recursos financieros adicionales a la CNB para este propósito y en los presupuestos de egresos de la federación 2023 y 2024 tampoco se consideraron montos etiquetados para su funcionamiento. Este año, por ejemplo, se asignaron 2 mil millones de pesos para que la comisión cumpla con sus funciones, pero no se indica de manera precisa cuánto de ese dinero se destinará al centro.

Hasta donde se logró avanzar, explicaron ex trabajadores, laboró a partir de donaciones de equipo y capacitaciones de instituciones en la materia, de países como Guatemala, Estados Unidos, Alemania y Noruega, y también mediante convenios de colaboración con fiscalías de otros estados.

El CNIH se creó por iniciativa del Presidente el 13 de mayo de 2022, detallando que entre sus atribuciones está diseñar, ejecutar y dar seguimiento a las acciones de búsqueda forense con fines de identificación humana; recuperar, resguardar y analizar cuerpos y restos humanos, así como realizar toma de muestras genéticas a nivel nacional.

Su puesta en marcha, en agosto de ese mismo año, corrió a cargo del ex subsecretario de Derechos Humanos de la Secretaría de Gobernación, Alejandro Encinas, y la entonces titular de la CNB, Karla Quintana.

En ese momento, Encinas aseguró que con el CNIH se haría frente al enorme rezago de cuerpos sin identificar en el país que lamentablemente la Fiscalía General de la República y las fiscalías de los estados no han podido atender y que era además un paso firme para garantizar el derecho humano a ser buscado e identificado.

Para iniciar su funcionamiento, las autoridades lanzaron de inmediato una amplia convocatoria pública en busca de los mejores talentos, sobre todo antropólogos y odontólogos forenses, genetistas y criminalistas, en la que se postularon más de mil 500 especialistas –según informó en su momento Quintana–, aunque sólo se llamó a 59, a los que se asignaron contratos eventuales que eran renovados cada seis meses.

Uno de los primeros trabajos del CNIH fue el llamado público para una recepción masiva de toma de muestras genéticas de personas con familiares desaparecidos en los diferentes estados del país. Atendieron esta convocatoria 3 mil 700. Fue un hecho importante, pues en eso radicaría una de sus principales aportaciones: que cualquiera podía participar, sin necesidad de contar con una denuncia penal, y que se tomarían muestras de grupos familiares, es decir, no sólo de la madre y el padre del desaparecido, sino también de los hermanos e hijos (si los tuviera), con el fin de ampliar las probabilidades de identificación.

Así nació el CNHI, en un hecho reconocido tanto por la ONU como por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos; sin embargo, se desmoronó cuando apenas empezaba a desarrollar su trabajo. En año y medio tuvo cuatro directores generales, los dos primeros, aún en la administración de Quintana, fueron Alejandro Jiménez, de septiembre de 2022 a julio de 2023, y después Jaqueline Cruz Cuevas, quien salió tras la renuncia de la ex comisionada, en agosto del año pasado.

Después llegó Rosendo Gómez Silva, hijo de Rosendo Gómez Piedra, el fiscal especial del Caso Ayotzinapa, y ahora está al frente el contador público José Muñoz Gómez.

Todavía en septiembre de 2023, en el marco del quinto Informe de gobierno, Alcalde reconoció las labores que se realizaban en el centro, las capacitaciones del personal, la conformación de una base de perfiles genéticos remitidos por distintas instituciones y las actividades de construcción del laboratorio de genética forense.

Pero apenas dos meses después, en noviembre, en sesión del Sistema Nacional de Búsqueda, Reyes Sahagún dio otro panorama y dijo que el edificio de Xochitepec no contaba con instalaciones eléctricas, hidráulicas y sanitarias ni acabados totales y que, además, estaban subutilizadas.

Mencionó que no tenían equipos ni laboratorios, aunque hay algunos de oficina y cómputo donados. También advirtió que se duplicaban algunos procesos con la Dirección General de Búsqueda, no se realizaban identificaciones forenses y, si bien se tomaban muestras para los perfiles genéticos, al no contar con equipamiento, se enviaban a la Fundación de Antropología Forense de Guatemala.

Ante estos argumentos, por los cuales no se renovaron contratos ni se continuó con el proceso de donación del inmueble y se trasladó al poco personal a la Ciudad de México, los ex trabajadores entrevistados aseguraron que, por el contrario, sí estuvieron laborando en Xochitepec y que la luz y agua nos las pasaba el edificio de a lado, donde operan unos laboratorios privados.

La Jornada constató que hasta a finales de enero, en las oficinas ubicadas en el Parque Científico y Tecnológico de Morelos, había equipo de trabajo como computadoras, pero sólo dos personas seguían laborando, el resto del inmueble lucía abandonado.

Según versiones de ex trabajadores consultados, que por seguridad prefirieron omitir su nombre, en el área de análisis postmortem laboraban al inicio siete personas, de las cuales sólo quedaron tres que fueron removidas a la Ciudad de México, ya que a las demás no se les renovó el contrato en enero y una más decidió renunciar, en tanto, en el área de conformación de identidad, donde trabajaban cinco, quedaron tres, mientras en investigación y documentación despidieron a 80 por ciento.

Lamentaron que no se diera continuidad al proyecto original, pues un gran resultado del centro es la creación de la metodología con enfoque masivo y que la identificación de los fallecidos recaía en un grupo de científicos. Sin eso, aseguraron, el trabajo sería como el que hay en las fiscalías.