Juez negó amparo a José Luis Abarca, exalcalde de Iguala, para desbloquear sus cuentas bancarias

El Juez negó que se desbloquearan las cuentas porque no se pudo acreditar su titularidad

infobae.com

La Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), dependencia perteneciente a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), fue notificada por el Juzgado noveno de Distrito en el Estado de Guerrero, en el el amparo 187/2021, que se negó de manera definitiva la suspensión que solicitó José Luis Abarca, exalcalde de Iguala, Guerrero, a quien se le relaciona con los hechos ocurridos en Ayotzinapa, la madrugada del 26 de septiembre, cuando desaparecieron 43 estudiantes normalistas.

El exalcalde había solicitado el amparo en contra del bloqueo de sus cuenta bancarias, el cual realizó la UIF.

Esto, porque no se pudo acreditar la titularidad de dichas cuentas bancarias. Esto quiere decir que las cuentas de Abarca permanecerán bloqueadas hasta que se resuelva de manera definitiva el juicio de amparo.

José Luis Abarca Velásquez es un empresario dedicado a la venta de joyas, y político postulado a la presidencia municipal de Iguala, Guerrero, en 2011. Junto a su esposa María de los Ángeles Pineda Villa, fue señalado como responsable de la desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa y de la muerte de seis personas el 26 de septiembre de 2014.

Santiago Nieto es titular de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF). EFE/Sáshenka Gutiérrez

Antes de ser alcalde de Iguala, Abarca y su familia se dedicaban a la venta de sombreros de paja y para 2008 anunció la construcción del complejo Galerías Tamarindos con una inversión de 300 millones de pesos, además que es propietario de al menos 50 bienes inmuebles y negocios.

Solo en Guerrero, la familia del exalcalde cuentan don 31 casas y departamentos, nueve empresas y 13 joyerías. El centro joyero de Iguala, en donde se generan miles de pesos al mes, es propiedad de la familia desde hace 35 años.

El 16 de diciembre de 2020, un juez federal dictó auto de formal prisión contra el ex presidente municipal de Iguala, Guerrero, José Luis Abarca Velázquez, por su presunta responsabilidad en los delitos de delincuencia organizada y operaciones con recursos de procedencia ilícita, en la única causa penal que lo mantiene preso.

Giraron una orden de aprehensión en contra de la hermana y el cuñado de José Luis Abarca

El pasado mes de septiembre, un juez federal giró una orden de aprehensión contra Roselia Abarca Velázquez y su esposo Cirilo Lara Brito, hermana y cuñado de José Luis Abarca Velázquez, ex alcalde de Iguala, Guerrero, luego de que fueran señalados por la Fiscalía General de la República (FGR) de ser supuestos prestanombres para lavar dinero.

De acuerdo con Milenio que citó registros judiciales, la orden de captura contra Roselia Abarca y su esposo fue emitida hace cinco meses por el juez Tercero de Distrito de Procesos Penales Federales en el Estado de México.

Sin embargo, el matrimonio reclamó que el juez no aceptó las pruebas supervinientes que ofrecieron, las cuales están basadas en la sentencia que emitió un Tribunal Colegiado que ordenó al juez reponer su proceso y determinar si había o no elementos para ordenar nuevamente su aprehensión.

Ante esta situación, Roselia y su esposo promovieron un amparo que fue admitido a trámite por la jueza Rosa Montaño Martínez, pero sólo les otorgó el carácter de prueba documental, señaló el medio.

Los demandantes mencionaron que con las pruebas supervinientes buscan demostrar que las acusaciones “fueron elaboradas y obtenidas para inculpar a terceros, pero no reflejan la verdad de los hechos”.

El exalcalde de Iguala está relacionado con la desaparición de estudiantes de una escuela normal de Guerrero. EFE/Carlos Ramírez

El medio destacó que debido a que las pruebas fueron exhibidas después de librarse la orden de aprehensión y de presentado el amparo, la juzgadora señaló que no pueden tener el carácter de supervinientes, por lo que Roselia Abarca y Cirilo Lara impugnaron la decisión, pero un Tribunal Colegiado declaró infundado su recurso de queja.

El matrimonio pretendía demostrar la procedencia de 10 millones de pesos que supuestamente les fueron donados por uno de sus suegros, por lo que exhibieron copias de escrituras públicas.