Legisladores de EU están proponiendo cada vez más iniciativas para restringir el acceso a salud de adolescentes y personas trans.
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En lo que va de 2023, apenas ha pasado un día sin que los legisladores estatales de todo el país presenten un nuevo proyecto de ley anti-LGBTQ, especialmente en contra de personas trans. Muchos de esos proyectos de ley están avanzando, y en algunos casos, siendo consagrados en la ley.
El 4 de abril, Idaho se convirtió en el 10mo estado este año en prohibir el cuidado de infancias trans con afirmación de género, después de que el gobernador Brad Little firmara el proyecto de ley el martes por la noche. Kentucky y Virginia Occidental aprobaron proyectos de ley similares en las últimas semanas.
Al menos 425 proyectos de ley anti-LGBTQ se han presentado este año, más que en los últimos cinco años combinados. Varían en alcance, y más de 20 hasta ahora se han convertido en ley. Unos 127 de los proyectos de ley se centran en limitar la atención médica para las personas transgénero de varias maneras.
Al mismo tiempo, algunos legisladores se han movido para proteger a las personas LGBTQ: Utah codificó este año una prohibición de la práctica desacreditada conocida como terapia de conversión para menores, uniéndose a otros 19 estados que tienen leyes similares en sus libros. A nivel federal, los legisladores republicanos han presentado dos proyectos de ley que afectarían a la población LGBTQ en las escuelas. No se espera que los proyectos de ley se aprueben en un Senado controlado por los demócratas, pero la introducción de tales proyectos de ley es suficiente para que los jóvenes LGBTQ tengan miedo, según descubrió el grupo de defensa de la salud mental The Trevor Project.
Así es como los legisladores están apuntando a los derechos LGBTQ en los estados de todo el país.
Prohibiciones de atención médica a personas trans
Diez estados, Utah, Arkansas, Georgia, Kentucky, Iowa, Mississippi, Dakota del Sur, Tennessee, Virginia Occidental e Idaho, han aprobado este año proyectos de ley que restringen o prohíben al personal médico a brindar atención de afirmación de género a jóvenes transgénero y no binaries, con un enfoque particular en prohibir que los médicos receten bloqueadores de pubertad y tratamientos hormonales. Las prohibiciones siguen movimientos similares en Alabama, Arizona, Florida y Texas, según el Instituto Williams de la Facultad de Derecho de la Universidad de California en Los Ángeles.
La Academia Americana de Pediatría, la Asociación Americana de Psicología, la Asociación Profesional Mundial para la Salud Transgénero y otros grupos médicos líderes reconocen la atención de afirmación de género como el estándar de atención para los jóvenes trans. Eso puede variar de persona a persona, y puede incluir la transición social, los bloqueadores de la pubertad al inicio de la pubertad y el acceso al apoyo de salud mental y servicios sociales, como cambios en los documentos legales.
En Arkansas, una ley que prohibiría a los médicos proporcionar dicha atención fue aprobada inicialmente, luego bloqueada por un juez federal, pero una ley más nueva, SB 199, impone restricciones y requisitos adicionales a los médicos. Otros estados tienen cláusulas de “puesta de sol”: los médicos en Dakota del Sur tienen hasta fines de 2023 para retirar a niñas y niños de los tratamientos ya recetados, mientras que los médicos en Iowa tienen hasta septiembre.
Casi tres de cada 10 de los proyectos de ley anti-LGBTQ presentados en esta sesión legislativa restringen la atención médica, según un recuento del Centro Nacional para la Igualdad Transgénero. Alrededor de dos tercios de estos proyectos de ley incluyen excepciones para procedimientos médicos realizados en niñxs intersexuales, que nacen con rasgos que no se ajustan a las expectativas convencionales de los cuerpos masculinos y femeninos. En 2020, los países en una sesión del Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas condenaron las cirugías “médicamente innecesarias” en niñxs intersexuales sobre la base de violaciones de derechos humanos.
Varios proyectos de ley incluyen cláusulas que eximen temporalmente a adolescentes trans que ya están en bloqueadores de la pubertad o tratamientos hormonales.
Shows de drag queens
Los legisladores conservadores de todo el país están proponiendo cada vez más prohibiciones a las actuaciones de drag fuera de los lugares solo para adultos. En marzo, Tennessee se convirtió en el primer estado en convertir uno de estos proyectos de ley en ley, aunque desde entonces ha sido bloqueado temporalmente por un juez federal. Bajo la prohibición, un “espectáculo de cabaret para adultos” que presenta “imitadores masculinos o femeninos que brindan entretenimiento” no puede tener lugar en propiedad pública o en un lugar donde pueda ser visto por un menor.
Una primera ofensa podría significar tiempo en la cárcel de hasta 11 meses y 29 días, multas de hasta 2 mil 500 dólares, o ambos.
La ley evitaría las horas de cuentos a cargo de drag queens, durante las cuales las artistas leen libros para niños y niños con el fin de “alentarles a usar su imaginación”, según un grupo LGBTQ que organiza tales eventos. Los defensores LGBTQ también han dicho que las leyes incluyen un lenguaje vago que pone a las personas transgénero y no binarias en riesgo de ser atacadas si simplemente están en presencia de niñas y niños.
Prohibiciones de baño
Los legisladores de Iowa, Idaho y Arkansas aprobaron leyes que prohíben a niñas y niños trans usar el baño escolar que corresponda con su identidad de género. Las prohibiciones se enmarcan como la protección de las infancias de posibles abusos, pero muchos niños y niñas trans ya informan que se sienten inseguros y sin apoyo en las escuelas.
En una encuesta realizada por el grupo de derechos LGBTQ The Trevor Project, el 58 por ciento de los jóvenes trans y no binarios dijeron que se les había bloqueado o desalentado de usar un baño que correspondiera con su identidad de género. Los niños y niñas que habían tenido esas experiencias tenían tasas más altas de depresión y pensamientos suicidas, dijo el grupo en un artículo publicado en el Journal of Adolescent Health en diciembre de 2020.
Prohibiciones a jóvenes trans en deportes escolares
En marzo, Wyoming se convirtió en el 19º estado en prohibir a los y las jóvenes trans jugar en equipos deportivos escolares que se alinean con su identidad de género. El gobernador republicano Mark Gordon permitió que el proyecto de ley se convirtiera en ley sin su firma, diciendo que la prohibición era “demasiado draconiana”, así como “discriminatoria sin atención a las circunstancias individuales o factores atenuantes, y presta poca atención a los principios fundamentales de igualdad”. Entrará en vigor en julio.
En Idaho, Virginia Occidental, Indiana y Utah, los tribunales han bloqueado la aplicación de las leyes existentes, según el Movement Advancement Project, un grupo de especialistas sin fines de lucro. Las prohibiciones se aplican en gran medida a las escuelas públicas K-12, pero algunos estados, como Texas, proponen extender las prohibiciones a los atletas universitarios.
Reglas anti-LGBTQ+ en escuelas
Arkansas y Kentucky se unieron en marzo a Florida para promulgar una regla que prohíbe a maestras y maestros discutir la identidad de género y la orientación sexual con niños y niñas hasta cierto grado. La ley de Florida, que fue firmada por el gobernador Ron DeSantis en marzo de 2022, limita la discusión para niños de jardín de infantes a tercer grado; la prohibición de Arkansas se extiende hasta el quinto grado.
Otras leyes contra personas LGBTQ+
Una ley promulgada en Utah prohíbe que las escuelas anoten el cambio de nombre de un niño o la transición de género en los archivos sin la aprobación de sus padres, y las escuelas deben compartir los archivos con las familias que solicitan verlos.
Si bien los defensores lo enmarcan como una cuestión de derechos de los padres, los defensores dicen que tales prácticas pueden poner a los niños LGBTQ en peligro, particularmente si alguien con quien viven es hostil a las personas LGBTQ.
El estado también ha promulgado leyes que afectan la capacidad de cambiar el género en las identificaciones estatales y prohíben que el estado participe en contratos con compañías que realizan atención de afirmación de género.
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