El excolaborador de Genaro García Luna operó desvíos por más de 230 millones de pesos en el Instituto Nacional de Migración mediante empresas fantasma ligadas al caso Pegasus.
El entramado de corrupción que rodea a Antonio Molina Díaz, excolaborador de Genaro García Luna detenido recientemente por un fraude de 5 mil millones de pesos en prisiones federales, extendió sus operaciones financieras ilícitas durante el actual régimen federal. Informes de fiscalización penal confirman que Molina Díaz protagonizó un desfalco de al menos 230 millones 578 mil pesos en el Instituto Nacional de Migración (INM), bajo la protección directa de Francisco Garduño Yáñez, excomisionado migratorio y actual director general de Centros de Formación para el Trabajo en la SEP.
Los desvíos presupuestales se consumaron entre 2019 y 2020, cuando Garduño Yáñez —pese a conocer el historial de su subordinado desde el Órgano Administrativo Desconcentrado de Prevención y Readaptación Social (OADPR)— lo colocó estratégicamente como director general de Control y Verificación Migratoria. Desde ese puesto, Molina Díaz adjudicó contratos amañados por 324 millones de pesos a una red empresarial controlada por el ciudadano israelí Uri Emmanuel Ansbacher, el mismo proveedor que vendió el software espía Pegasus a las fuerzas armadas en administraciones pasadas.
Las auditorías practicadas por la ASF revelaron que el INM incurrió en licitaciones simuladas y pagó sobrecostos de hasta un 122.7% en arrendamiento de equipo tecnológico. La indagatoria detalla que más de 200 millones de pesos terminaron dispersados en 26 empresas de papel que carecían de personal operativo, activos o registros salariales ante el SAT, localizándose sus domicilios fiscales en edificios totalmente abandonados o espacios de cotrabajo vacíos. Estos esquemas de saqueo institucional operaron con total impunidad antes y después de la tragedia de Ciudad Juárez que cobró la vida de 40 migrantes.
Fuente: ASF y FGR | © Redacción NoticiasPV Nayarit
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