Tras recibir una corona fúnebre en su domicilio de Culiacán, la legisladora obtuvo un amparo que obliga a las fuerzas federales a garantizar su seguridad y la de su familia.
Un juez de distrito otorgó una suspensión de plano y oficio que obliga formalmente al Gobierno Federal a restablecer de manera inmediata los mecanismos de seguridad en favor de la diputada local priista Paola Gárate y su familia. La resolución judicial mandata la asignación de escoltas operativas y la ejecución de rondines de vigilancia permanente en su residencia, luego de que la legisladora impugnara el retiro injustificado de las medidas cautelares previas.
La protección legal abarca mandatos directos hacia dependencias del gabinete de seguridad, incluyendo a la Secretaría de Gobernación (Segob), la Secretaría de la Defensa Nacional (Defensa), la Secretaría de Marina (Marina), la Guardia Nacional y la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC). El equipo jurídico de la diputada promovió este juicio de amparo indirecto tras denunciar que una célula de la Guardia Nacional que le había sido asignada inicialmente por las autoridades investigadoras solo resguardó su entorno durante 48 horas.
El origen de la contingencia de seguridad se remonta al pasado 10 de junio, cuando sujetos armados depositaron una corona fúnebre con mensajes intimidatorios en las puertas de la vivienda de la legisladora en Culiacán. Ante estos hechos, la afectada acudió ante las oficinas de la Fiscalía General de la República (FGR) para formalizar la denuncia correspondiente por amenazas y delincuencia organizada, escalando la exigencia de resguardo físico a las instancias federales debido a la crisis delictiva que prevalece en la entidad sinaloense.
Fuente: FGR y Poder Judicial de la Federación | © Redacción NoticiasPV Nayarit
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