Juristas, académicos y organismos internacionales solicitaron al Congreso de la Unión prohibir la gestación por sustitución en México, argumentando explotación reproductiva y mercantilización de recién nacidos.
Especialistas en derechos humanos, abogados y representantes de organismos internacionales presentaron una iniciativa destinada a reformar la Ley General para Prevenir, Sancionar y Erradicar los Delitos en Materia de Trata de Personas, proponiendo calificar la maternidad subrogada comercial como una modalidad de explotación y trata en el territorio nacional.
Durante los trabajos de la IV Conferencia Internacional de la Declaración de Casablanca, efectuada los días 3 y 4 de septiembre en la Universidad Panamericana de la Ciudad de México, los ponentes señalaron que la falta de un marco normativo federal uniforme ha posicionado a México como un destino atractivo para agencias internacionales que comercializan la gestación por sustitución.
Vacíos legales y comercialización
Patricia Olamendi Torres, exintegrante del Consejo de Derechos Humanos de la Organización de las Naciones Unidas (ONU), expuso que la práctica opera actualmente mediante contratos privados validados ante notario, principalmente en entidades como Jalisco y el Estado de México, amparándose en resoluciones de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) que ordenaron regular la validez contractual sin pronunciarse sobre la prohibición de fondo.
La jurista indicó que empresas privadas ofrecen paquetes de gestación a ciudadanos extranjeros por tarifas que rondan los 60 mil dólares, aprovechando condiciones de precariedad económica en mujeres para formalizar compromisos de entrega de menores.
Detalles de la reforma parlamentaria
La propuesta que se turnará a las comisiones del Congreso de la Unión contempla las siguientes directrices operativas:
* *Sanciones a intermediarios:* Penas de 10 a 20 años de prisión para agencias, clínicas, despachos jurídicos y facilitadores que promuevan la contratación de vientres de alquiler.
* *Exención de responsabilidad penal:* Exoneración total de acciones penales para las mujeres gestantes, al ser consideradas víctimas de esquemas de captación y vulnerabilidad económica.
* *Modificación marco integral:* Adecuación a la Ley General de Trata para homologar la prohibición en los 32 estados del país, sobrepasando las regulaciones vigentes en Tabasco y Sinaloa.
El planteamiento retoma las recomendaciones de la Relatoría Especial de la ONU sobre la Violencia contra la Mujer presentadas en 2025, las cuales instan a los estados miembros a erradicar la comercialización de la maternidad para salvaguardar el interés superior de la niñez y los derechos fundamentales de las mujeres.
Fuente: ONU | Declaración de Casablanca | © Redacción NoticiasPV Nayarit
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