Durante comparecencia ante el Congreso local, los titulares de seguridad y gobierno ignoraron quién autorizó el operativo violento contra manifestantes, mientras las víctimas relataron tortura y vejaciones bajo custodia.
En un ejercicio marcado por la evasión institucional y el deslinde de responsabilidades, los titulares del Gabinete de Seguridad de Jalisco comparecieron ante comisiones legislativas del Congreso estatal para rendir cuentas sobre la brutal represión policial del pasado 11 de octubre en Casa Jalisco, donde ciudadanos exigían el derecho básico al suministro de agua potable limpia.
Durante la sesión maratónica ante las comisiones de Seguridad y de Desaparecidos, altos funcionarios como el coordinador estratégico de Seguridad, Roberto Alarcón Estrada, y el secretario de Seguridad, Juan Pablo Hernández González, admitieron su incapacidad o ignorancia sobre quién ordenó el uso de chorros de agua a presión y detenciones arbitrarias, escudándose en vacíos operativos y un supuesto apego estricto a los protocolos legales.
Por su parte, el secretario general de Gobierno, Carlos Arias Madrid, prometió que no habrá impunidad y que se castigará a los servidores públicos que obraron mal; sin embargo, las declaraciones contrastaron drásticamente con los desgarradores testimonios de las víctimas, quienes encararon a la plana mayor del gobierno estatal para exigir disculpas públicas que jamás llegaron.
Testimonios de terror y abusos bajo custodia
Las explicaciones oficiales se desplomaron frente a las crudas narrativas de los manifestantes detenidos. La médica Daniela Álvarez Zepeda denunció haber sido sometida con agua a presión, golpeada y arrastrada por civiles encapuchados en Casa Jalisco, sufriendo un esguince cervical, contusiones severas y temor fundado a la desaparición forzada tras ser obligada a desnudarse e incomunicada en las instalaciones de la fiscalía.
En la misma tesitura, el biólogo Luis Antonio Palacios Vázquez relató que más de diez policías encapuchados lo derribaron a patadas junto con su pareja, amenazándolo con no volver a ver a su familia y manteniéndolo recluido durante horas en celdas insalubres sin agua ni alimentos. Ante estos atropellos, la fiscalía estatal y los mandos policiales se limitaron a desviar las denuncias hacia carpetas de investigación abiertas y revisiones internas de Asuntos Internos, evidenciando una muralla de protección institucional que indignó a los afectados y dejó expuesta la vulnerabilidad de la ciudadanía frente a la violencia del Estado.
Fuente: Congreso de Jalisco / FGJ / SSP | © Redacción NoticiasPV Nayarit
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