Una jueza penal rechazó vincular a proceso a un servidor público del Registro Público de la Propiedad, desestimando testimonios clave y criterios de la Suprema Corte.
La actuación del Poder Judicial del Estado de Coahuila se encuentra bajo fuertes cuestionamientos comunitarios tras la resolución de la jueza penal Sandra Ramona Juárez, quien determinó no vincular a proceso a Roberto N, actual funcionario del Registro Público de la Propiedad en la entidad. Al servidor público se le señala formalmente dentro de la causa penal 255/2026 como el presunto responsable de cometer agresiones sexuales en contra de al menos cuatro niñas pertenecientes a su círculo familiar, un dictamen que las víctimas y sus representantes legales catalogan como un acto abierto de impunidad y violencia institucional.
Durante el desahogo de las audiencias, la defensa de las afectadas aportó declaraciones periciales y testimonios de identidad que involucran antecedentes delictivos similares cometidos por el implicado años atrás; no obstante, la juzgadora desestimó los elementos probatorios y las directrices fijadas por la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) para salvaguardar los derechos de infantes violentados. Ante la indignación social, la madre de las menores y expareja del imputado, Yoselin Guadalupe Contreras, expuso que el agresor se jactaba de sus conexiones políticas dentro de dependencias como la Procuraduría para Niños, Niñas y la Familia (Pronnif) y el Centro de Empoderamiento para las Mujeres de Saltillo, instancias que presuntamente entorpecieron los expedientes de violencia familiar.
Por su parte, el presidente del Poder Judicial de Coahuila, Miguel Felipe Mery Ayup, defendió la legalidad del procedimiento de la jueza argumentando que los magistrados locales operan bajo una estricta imparcialidad institucional, sugiriendo a la parte afectada interponer los recursos de apelación correspondientes ante las instancias superiores. Mientras las fiscalías especializadas evitan emitir un veredicto definitivo sobre el estatus laboral y legal del procesado, la representación jurídica de las víctimas mantiene activa la impugnación para evitar el carpetazo al caso.
Fuente: Agencias Nacionales | © Redacción NoticiasPV Nayarit