Especialistas en materia fiscal advirtieron que recientes cambios fortalecen la capacidad del SAT para realizar revisiones rápidas y aplicar medidas severas, lo que podría generar incertidumbre jurídica entre contribuyentes y afectar la actividad económica.
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En 2026, el Servicio de Administración Tributaria (SAT) amplía de forma significativa sus facultades de fiscalización. Fiscalistas advierten que las nuevas reglas son abusivas, invasivas y riesgosas para contribuyentes y para la economía.
Las reformas al Código Fiscal de la Federación, aprobadas por el Congreso, se enfocan en el combate a las llamadas “factureras”. Para ello se crea un proceso exprés para que el SAT detecte y sancione comprobantes fiscales falsos, reduciendo al mínimo los tiempos de aclaración y defensa de los contribuyentes.
Además, el marco legal se armoniza con delitos que ameritan prisión preventiva, lo que abre la puerta a que un juez ordene cárcel por cualquier actividad relacionada con «factureras», desde quien emite hasta quien recibe la factura.
A esto se suma la posibilidad de suspender de inmediato la emisión de facturas, congelando a empresas mientras se define su situación legal.
Las nuevas atribuciones incluyen publicar nombres de presuntos factureros, imponer plazos de reacción bajo presión a terceros, realizar visitas domiciliarias sin orden judicial y fiscalizar en tiempo real operaciones digitales. Especialistas alertan que estas medidas colocan a los contribuyentes en desventaja, amenazan la privacidad y ponen en riesgo ingresos, y empleos.