Reynaldo Pérez Pérez, indígena tsotsil y representante de familias desplazadas de Chenalhó, fue asesinado a balazos pese a contar con medidas de protección federal.
En un hecho que recrudece la violencia contra los activistas sociales en el país, el defensor de derechos humanos y representante de 63 familias desplazadas de la comunidad de Santa Martha, Reynaldo Pérez Pérez, fue asesinado a balazos la tarde de este miércoles en la localidad de Yabteclum, municipio de Chenalhó, Chiapas. El activista indígena tsotsil, quien se encontraba incorporado desde 2023 al Mecanismo Federal de Protección para Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas, fue interceptado por sujetos armados a bordo de una motocicleta mientras se encontraba en un taller mecánico, recibiendo al menos siete impactos de bala.
El crimen ocurre a pesar de las reiteradas alertas emitidas por organismos internacionales; en 2025, relatores especiales de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) expresaron profunda preocupación por el alto riesgo que enfrentaban tanto Pérez Pérez como su compañero José Vásquez Gutiérrez, quienes acumulaban múltiples agresiones desde octubre de 2022, incluyendo amenazas de muerte, un intento de desaparición forzada y al menos dos ataques armados previos. Tras confirmarse el homicidio, el fiscal general del estado, Jorge Luis Llaven Abarca, anunció su traslado a la zona, mientras corporaciones de seguridad y peritos ministeriales iniciaron las primeras diligencias periciales.
Durante años, Reynaldo Pérez Pérez encabezó mesas de diálogo, gestiones institucionales y movilizaciones sociales para exigir garantías de seguridad y justicia que permitieran el retorno seguro de las familias tsotsiles a sus hogares en Santa Martha. Su comunidad había sido expulsada violentamente de sus viviendas el 24 de junio de 2022 por grupos civiles armados, sumándose meses después el desplazamiento de otras 130 personas y el reporte de cinco indígenas desaparecidos en medio de un conflicto agrario y social que continúa sin resolución integral en la región de Los Altos de Chiapas.
A pesar de contar formalmente con medidas cautelares de protección federal debido a las constantes amenazas en su contra, el activista no recibió el resguardo efectivo necesario para inhibir la agresión letal, evidenciando las fallas estructurales en los protocolos de salvaguarda para defensores comunitarios. Las familias desplazadas que representaba continúan exigiendo atención humanitaria urgente en rubros como alimentación, salud y vivienda, además de demandar el esclarecimiento inmediato de los hechos para castigar a los responsables materiales e intelectuales del atentado.
El asesinato de Pérez Pérez enluta nuevamente a las organizaciones civiles y colectivos defensores de derechos humanos en el sureste mexicano, quienes exigen al Estado mexicano frenar la impunidad y garantizar la seguridad de quienes luchan por la justicia social. Las investigaciones ministeriales continúan abiertas para determinar las líneas de móvil y dar con el paradero de los agresores que operaron en la zona indígena de Chenalhó.
Fuente: Fiscalía General del Estado de Chiapas / Mecanismo Federal de Protección | © Redacción NoticiasPV Nayarit