Auditorías de la Cuenta Pública revelaron un complejo esquema de transferencias a constructoras y despachos jurídicos ligados al mandatario estatal y su familia.
La Auditoría Superior de la Federación (ASF) interpuso una denuncia penal ante la Fiscalía General de la República (FGR) en contra del gobierno de Nuevo León, encabezado por Samuel García, tras detectar un presunto desvío y triangulación de recursos públicos que asciende a 7 mil 200 millones de pesos. Durante la entrega de informes de la Cuenta Pública 2025, el auditor Aureliano Hernández detalló que el dinero del erario estatal fue canalizado mediante un esquema de empresas fantasmas, constructoras y comercializadoras hacia un despacho jurídico vinculado directamente con el mandatario estatal y su progenitor, Samuel Orlando.
De acuerdo con el organigrama y diagrama presentados por el órgano fiscalizador, el dinero se movilizó en al menos cuatro rutas de triangulación que involucraron miles de millones de pesos transferidos a contratistas y posteriormente redirigidos a cuentas de personas físicas y morales con lazos familiares directos con funcionarios. La ASF también documentó un esquema similar de desvío de fondos en Sinaloa ligado a contratos otorgados a familiares de exmandatarios, marcando un precedente severo en las indagatorias sobre corrupción institucional a nivel subnacional.
Desvíos presupuestales, triangulación de recursos públicos y las acciones legales emprendidas por la Auditoría Superior de la Federación:
– Denuncia penal: La ASF formalizó ante la FGR la querella legal contra la administración de Nuevo León el pasado 16 de octubre.
– Red de triangulación: Se documentó el uso de constructoras y comercializadoras fachada que transfirieron recursos millonarios a despachos jurídicos de la familia del gobernador.
– Montos indiciados: Las operaciones irregulares detectadas superan los 7 mil 200 millones de pesos provenientes del presupuesto estatal.
– Alcance nacional: El informe también exhibió esquemas de adjudicaciones ilícitas y triangulaciones de fondos públicos en el estado de Sinaloa.
Las revelaciones intensifican la presión jurídica sobre el ejecutivo neoleonés, exigiendo el esclarecimiento del destino final de los recursos públicos observados por las autoridades fiscalizadoras.
Fuente: Auditoría Superior de la Federación (ASF) / FGR | © Redacción NoticiasPV Nayarit