La explosión de un coche bomba en Coahuayana, que dejó un saldo de cinco muertos, revivió la discusión entre especialistas sobre la tipificación de estos actos. La FGR reclasificó el ataque, atribuido al CJNG, como «delincuencia organizada», a pesar de que inicialmente fue considerado terrorismo.
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Reclasificado como un delito de “delincuencia organizada” por la Fiscalía General de la República (FGR), después de que por unas horas fue considerado “terrorismo”, el estallido de un coche bomba frente a la comandancia de la policía comunitaria de Coahuayana, Michoacán, reactivó el debate sobre considerar como “narcoterrorismo” actos como el ocurrido el fin de semana, que dejó un saldo de cinco personas muertas y al menos diez heridas.
Ocurrido el mismo día en que la presidenta Claudia Sheinbaum celebrara con sus seguidores la llegada de la autollamada Cuarta Transformación a México, el atentado atribuido al Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) es uno de más de 20 eventos violentos ocurridos desde que en diciembre de 2006, Felipe Calderón declaró la “guerra contra el narcotráfico”, y Michoacán se convirtió en el primer campo de batalla
En la memoria de los michoacanos y de los mexicanos sigue presente el atentado con granadas de fragmentación lanzadas durante la verbena por la celebración del 15 de septiembre de 2008, en el Zócalo de Morelia, luego de que el entonces gobernador por el PRD Leonel Godoy Rangel diera el Grito de Independencia.
El saldo de la afrenta atribuida al Cártel de la Familia Michoacana fue de ocho personas fallecidas y 132 lesionadas.
Otro evento que cobró notoriedad por el daño causado a la población civil ocurrió el Monterrey, el 25 de agosto de 2011, en que fue incendiado intencionado del Casino Royale, que dejó un saldo de 52 personas fallecidas y once lesionadas, atentado que fue atribuido al Cártel de los Zetas.
20 atentados con coches bomba en México de 1994 a la fecha
El investigador Víctor Manuel Sánchez Valdés, de la Universidad Autónoma de Coahuila (UAdeC), doctor por el CIDE especialista en seguridad pública, hizo un recuento de 20 atentados con coches bomba en México de 1994 a la fecha.
En su cuenta de X, el investigador resalta que “los Zetas y el Cártel Jalisco Nueva Generación son las organizaciones que más los han usado”, siendo los estados de Tamaulipas, Nuevo León y Guanajuato donde se concentra el mayor número de estos atentados.
En un mapa posteado en su cuenta, el investigador explica que el primer acto de esta naturaleza ocurrió en 1994 en Guadalajara, en que un carro bomba estalló dejando cinco muertos, por hechos atribuidos al cártel de los Arellano Félix.
Con la declaratoria de “guerra contra el narcotráfico” en diciembre de 2006 por Felipe Calderón, los estallidos de carros bomba se hicieron presentes, sobre todo en la región noreste.
El estallido de un coche bomba el 15 de julio de 2010 en Ciudad Juárez, que dejó un saldo de cuatro personas muertas, se convirtió en el primero de 13 ocurridos durante el gobierno de Calderón Hinojosa.
De esos 13, siete ocurrieron en Tamaulipas; tres en Nuevo León; dos en Ciudad Juárez y uno más en Tula, Hidalgo. A excepción de los ocurridos en Ciudad Juárez, que se atribuyó al cártel de La Línea, es resto fueron adjudicados a los Zetas, cártel que se conformó con ex integrantes del Ejército mexicano.
En ese periodo, continuando con el recuento de Sánchez Valdez, nueve personas murieron por las explosiones.
A partir de 2021, durante el gobierno de Andrés Manuel López Obrador y la estrategia de seguridad de “abrazos y no balazos”, los estallidos de coches bomba volvieron a retomarse por los grupos criminales, sobre todo los asentados en Guanajuato, Michoacán y Tula Hidalgo.
De 2021 a 2024, habrían ocurridos cuatro eventos de coches bomba, mientras que en 2025, durante el primer año de gobierno de Claudia Sheinbaum se habrían apuntado dos eventos de esta naturaleza.
Durante el gobierno de Andrés Manuel López Obrador, en Hidalgo se reportaría el primer estallido de un carro bomba, en 2021, adjudicado al cártel de Pueblos Unidos. En 2024, tres eventos se registraron en Guanajuato, en Acámbaro, Jerécuaro y Celaya, hechos en los que no hubo personas fallecidas.
Van dos con Sheinbaum
Con Claudia Sheinbaum, ya han sido dos los coches bombas detonados en Coahuayana, con el reciente saldo de cinco personas fallecidas.
A esa lista, se suman otros casos más ocurridos durante la administración de Andrés Manuel López Obrador.
En abril de 2019 un autobomba estalló en las inmediaciones de la comandancia de la Unión de Pueblos y Organizaciones del Pueblo de Guerrero (UPOEG), en el contexto de fuertes confrontaciones entre policías comunitarias de la entidad.
Mientras que, en junio de 2020, tras la detención de integrantes del cártel de Santa Rosa de Lima, en Guanajuato, la reacción criminal derivó en el estallido de un automóvil en las inmediaciones de la refinería de Salamanca.
La FGR lo había clasificado como “terrorismo”
Ante la reclasificación del delito sobre los hechos ocurridos el sábado pasado en Coahuayana, Michoacán, inicialmente considerados por la FGR como “terrorismo” y horas después como “delincuencia organizada”, el experto en seguridad pública David Saucedo recuerda que, sin importar el partido político, en México hay una resistencia por admitir la existencia de actos de “narco terrorismo”, lo cual ha sido más evidente durante los gobiernos de la Cuarta Transformación.
De acuerdo al balance de Saucedo, los gobiernos morenistas creen que de aceptar el término de narcoterrorismo “se está fortaleciendo la narrativa de Donald Trump, que utiliza el concepto de terrorismo para lanzar estrategias de combate a los cárteles de la droga en América Latina, en México y en Venezuela”, además de que con ello se “afecta la imagen de México para la atracción de inversiones y para los flujos turísticos”.
Y peor aún, los estrategas del régimen consideran que el término “afecta la imagen y genera una narrativa que podría minar, erosionar la percepción ciudadana sobre el gobierno federal y, en este caso, sobre Claudia Sheinbaum”, sostiene en entrevista con Proceso.
Al señalar que desde su punto de vista, lo visto en Coahuayana es un acto de “narco terrorismo” conforme al concepto surgido en Sudamérica por los ataques contra la población civil atribuidos al grupo guerrillero Sendero Luminoso en Perú, y a los atribuidos a los cárteles de Medellín, Calí y del Valle del Norte, en Colombia, el especialista lamenta que en México lo que se pretenda es “negar la realidad por razones de política exterior, por razones de atracción de inversiones”.
Agrega que las autoridades “tratan de ocultar un hecho real: los cárteles de la droga atacan a la población civil mediante actos de terror que difunden por los medios de comunicación convencionales, por las redes sociales, en busca de inducir a la autoridad a que tome ciertas determinaciones en materia de política pública, temas de seguridad. Pues eso es, eso es justamente el narcoterrorismo. Pero el gobierno federal resiste a utilizar esta denominación”.
Más allá de ese debate, el investigador resalta que en el caso específico de la explosión del coche bomba en Coahuayana, revela la inoperancia del Plan Michoacán, lanzado por el gobierno de Claudia Sheinbaum, como respuesta a la indignación generada por el asesinato del alcalde de Uruapan, Carlos Manzo, el 1 de noviembre pasado.
Saucedo resalta que “en el papel” Coahuayana aparece en el Plan Michoacán como uno de los municipios que tendrían que ser atendidos, por ser un territorio en disputa entre los Cárteles Unidos y el CJNG .
“Eso es en el papel, en los hechos no había nada, en los hechos no hubo un despliegue, no hubo detención de jefes criminales, tampoco se dieron decomisos, retenes, presencia disuasiva, depuración de cuerpos policíacos. No se hizo nada, debería ser una zona blindada.
Digamos que lo tenían en el radar, pero un problema que hay en la instrumentación del Plan Michoacán es justamente ese, no hay los recursos humanos, financieros y materiales para llevar a la práctica todo lo que el plan estipula”, resalta.
Tras señalar que hace 15 días hizo un recorrido por el puerto de Lázaro Cárdenas, donde constató que “no hay el despliegue correcto o adecuado”, David Saucedo puntualiza que esa situación es detectada por los como “un vacío de autoridad”.
El analista explica que desde hace cinco años el CJNG busca arrebatar la zona costera de Michoacán a los Cárteles Unidos, que se encuentra en medio de los puertos de Manzanillo y Lázaro Cárdenas, ambos controlados por el CJNG.
“Desde mi perspectiva, (los integrantes del (CJNG) lanzaron este ataque de narcoterrorismo para inducir un fenómeno que ya se ve en varias regiones de Michoacán, el desplazamiento, los desplazados del narco, comunidades rurales y urbano marginadas que están saliendo de sus casas, de sus lugares de origen, tratando de huir del fuego cruzado de los cárteles”, considera Saucedo.
Para el analista, las acciones gubernamentales que den respuesta a la crisis generada por el atentado, podrían generar una paz momentánea, sin que ello signifique una auténtica pacificación, por no existir una estrategia de desarticulación real de grupos criminales.
Apunta: “El esquema de intervención del Ejército y de la Guardia Nacional no es la captura de jefes criminales regionales, no es la desarticulación de células delictivas, no pasa por la detención de autoridades locales corruptas, que las hay evidentemente, lo único que hacen es presencia de saturación, rondines, retenes, desfiles casi estilo 16 de septiembre, pero no hacen labor policíaca, entonces se da el famoso efecto cucaracha, los Cárteles Unidos se van a ocultar, se van a rearmar, reorganizar, el Cártel Jalisco no va a poder entrar en la zona justamente por los retenes”.
Insiste que esa estrategia no significa el fin de la guerra entre los cárteles en la región fronteriza entre Michoacán y Jalisco.
“Me atrevo a decirte que de momento va a haber una tensa calma, una paz impuesta de manera artificial, y ya más adelante, seguramente cuando se retiren los objetivos, esa zona va a seguir en guerra, eso es un hecho”, puntualiza David Saucedo.