Luego de un litigio de seis años, la Profepa confirmó la demolición de edificaciones irregulares y el pago de una multa de poco más de 96 mil pesos a la empresa Pacific Lifestyle Properties por daños en San Pancho, Nayarit. Cifra irrisoria si se compara con el grave daño ambiental que ocasionaron a lo que fue el santuario de las tortugas.
Tras seis años de litigio, el Décimo Segundo Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito resolvió por unanimidad negar el amparo y la protección de la justicia federal a la empresa Pacific Lifestyle Properties, S.A. de C.V., confirmando así las sanciones impuestas por la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa) por afectaciones graves a la Zona Federal Marítimo Terrestre y terrenos ganados al mar en la localidad de San Pancho, municipio de Bahía de Banderas, Nayarit.
Luego de que el hoy encargado de Despacho de la Profepa en Nayarit, Roberto Rodríguez Medrano, fue quien autorizó el estudio de impacto ambiental a la empresa Pacific Lifestyle Properties, para la construcción del complejo hotelero Punta Paraíso, cuando se desempeñó como delegado de Semarnat, allá por el año 2018, este 7 de octubre del 2026, la Profepa, cuya titular es Mariana Boy Tamborrell, confirmó las sanciones impuestas por esta dependencia federal contra desarrollo inmobiliario ilegal en San Pancho, Nayarit, luego de que está erosionado por el mar.
La resolución, emitida este 7 de octubre de 2026 bajo la gestión de la titular de la dependencia federal, Mariana Boy Tamborrell, valida una sanción calificada como irrisoria frente al daño ambiental cometido: la empresa deberá cumplir con la restitución a su estado base de una superficie de 1,466.008 metros cuadrados de terrenos ganados al mar mediante la demolición de las obras construidas de manera irregular, además del pago de una multa de apenas 96 mil 220 pesos. La sentencia administrativa también contempla la pérdida de bienes en beneficio de la Nación respecto de las estructuras identificadas como “Edificio A denominado Torre 1” y “Edificio B denominado Torre 2”, correspondientes al complejo hotelero Punta Paraíso.
Antecedentes de un proyecto polémico
El caso se remonta al 13 de agosto de 2009, fecha en la que la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat) —en un periodo donde el actual encargado de despacho de la Profepa en Nayarit, Roberto Rodríguez Medrano, se desempeñaba como delegado federal de la Semarnat y autorizó los estudios de impacto ambiental— otorgó un Título de Concesión sobre una superficie de 1,469.92 metros cuadrados exclusivamente para mantener el área en su estado natural.
Posteriormente, el 26 de marzo de 2014, dicha concesión fue modificada para incrementar el espacio a 2,534.003 metros cuadrados debido a terrenos ganados al mar, estableciendo de manera condicionada que su uso debía limitarse estrictamente a actividades de esparcimiento y embellecimiento (ornato), sin posibilidad de modificarlo a otros fines u obras de aprovechamiento comercial.
Pese a la restricción normativa, la inmobiliaria ocupó de forma ilegal la superficie de 1,466.008 metros cuadrados donde edificó el complejo, irregularidades que fueron constatadas por la autoridad durante una visita de inspección iniciada el 1 de diciembre de 2021 y que derivó en la resolución administrativa del 15 de agosto de 2022, donde se ordenó la reparación del daño.
Litigios y resolución definitiva
Inconforme con la medida, la empresa promovió un juicio de nulidad el 28 de septiembre de 2022. El 6 de mayo de 2025, la Primera Sala Especializada en Materia Ambiental y de Regulación del Tribunal Federal de Justicia Administrativa (TFJA) reconoció la plena validez de las sanciones de la Profepa. Al interponer un último recurso de amparo, el Tribunal Colegiado ratificó este 7 de octubre la legalidad de las actuaciones ambientales, dejando firme la obligación de demoler y devolver la zona costera a su estado original.
«Este fallo es una importante victoria para la comunidad de San Pancho y para la justicia ambiental, pues implica que prevalezca la protección del ecosistema, la recuperación de la superficie afectada y la salvaguarda de los bienes nacionales», afirmó la procuradora federal de protección al Ambiente, Mariana Boy Tamborrell, pese al impacto irreversible en una zona históricamente vinculada a la anidación de tortugas marinas y severamente erosionada por el avance del mar.
Fuente: Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (PROFEPA) / Tribunal Federal de Justicia Administrativa | © Con informació de Lorena Moguel – Redacción NoticiasPV
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