La resolución judicial ordena a las autoridades del centro penitenciario restablecer de inmediato el contacto del imputado con su defensa legal y familiares, fijando un plazo de 24 horas para su cumplimiento.
Un juez federal adscrito al Juzgado Cuarto de Distrito en Materia Penal en el Estado de México otorgó la suspensión de plano y de oficio al exgobernador de Guerrero, Ángel Heladio Aguirre Rivero, deteniendo cualquier acto de incomunicación en su contra dentro del Centro Federal de Readaptación Social Número 1, El Altiplano.
La medida cautelar fue promovida por la defensa particular del exmandatario contra determinaciones dictadas por un Juez de Control del Centro de Justicia Penal Federal con sede en Almoloya de Juárez, al considerar posibles vulneraciones a las garantías del artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.
Alcances del fallo, garantías procesales y antecedentes del caso:
– Medidas de protección e integridad: El resolutivo judicial establece el cese inmediato de cualquier restricción que afecte la comunicación del quejoso, responsabilizando directamente a la dirección del penal de la salud, integridad física y seguridad del exgobernador.
– Acceso a la defensa y llamadas telefónicas: La suspensión faculta el ingreso de los abogados defensores a los locutorios para entrevistas de trabajo, la autorización de llamadas de asistencia jurídica y el contacto directo con sus familiares bajo los reglamentos del recinto penitenciario.
– Plazo perentorio de notificación: El impartidor de justicia fijó un término de 24 horas para que los mandos penitenciarios rindan el informe de cumplimiento correspondiente sobre las garantías otorgadas.
– Imputaciones del caso Ayotzinapa: Aguirre Rivero fue aprehendido y vinculado a proceso en agosto de 2026 a solicitud de la FGR, acusado de desaparición forzada en la modalidad de ocultamiento de información. Las indagatorias lo señalan de haber ordenado la supresión de grabaciones de seguridad del Palacio de Justicia de Iguala en las que constaba la detención de un autobús con normalistas el 26 de septiembre de 2014.
El procedimiento constitucional continuará su curso para determinar de fondo la legalidad de las actuaciones dictadas por las autoridades responsables.
Fuente: CJF | FGR | © Redacción NoticiasPV Nayarit