Colectivas feministas exigieron a la fiscalía estatal una investigación exhaustiva bajo protocolo de género, elevando a 30 los crímenes de odio en el año.
Una profunda indignación y conmoción social sacude al estado de Chiapas tras confirmarse el hallazgo sin vida de Miriam Cruz Alpuche, de 55 años, y su nieta Ariana Scarlet Velázquez Cruz, de 12 años. Ambas habían sido reportadas como desaparecidas desde el pasado lunes 19 de octubre, cuando salieron de su hogar rumbo a un predio familiar en la ranchería Tanchichal, perteneciente al municipio de Ostuacán, para realizar labores de supervisión de animales.
El operativo de búsqueda, encabezado por familiares, pobladores, elementos de seguridad y binomios caninos, permitió localizar primeramente el cuerpo de la abuela a la orilla de un arroyo, envuelto en plástico y con visibles huellas de violencia. Tras jornadas de intensa búsqueda en zonas de potreros y senderos, este viernes se confirmó el hallazgo del cuerpo de la menor. El doble crimen desató la enérgica condena de organizaciones como el Observatorio Feminista y la Colectiva 50+1, quienes advierten que con este caso suman ya 30 feminicidios en la entidad durante 2026, exigiendo a la fiscalía justicia expedita y protocolos rigurosos sin omisiones institucionales.
Violencia de género, impunidad rural y la exigencia de justicia en Chiapas:
– Hallazgo desgarrador: Los cuerpos de la mujer y su nieta fueron ubicados tras cinco días de rastreo ininterrumpido en zonas rurales de Ostuacán.
– Indignación colectiva: Organismos defensores de derechos humanos contabilizaron 30 feminicidios en lo que va del año, evidenciando la crisis de seguridad.
– Protocolos exigidos: Las agrupaciones civiles demandaron a la fiscalía estatal investigar el caso bajo estrictas perspectivas de género e infancia.
– Omisiones institucionales: Las familias y redes de apoyo reprocharon la vulnerabilidad que padecen mujeres y menores en comunidades apartadas del estado.
El brutal asesinato de la abuela y la menor expone la alarmante descomposición social y la urgencia de implementar políticas públicas reales de protección en las regiones más vulnerables de la entidad.
Fuente: Fiscalía General del Estado de Chiapas / Colectivas Feministas | © Redacción NoticiasPV Nayarit









