El tribunal determinó que los gobiernos deben vigilar a las empresas del sector y garantizar justicia a las víctimas tras una solicitud formal del Gobierno de México.
En una resolución que marca un precedente para la seguridad regional, la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Coridh) dictaminó que los países tienen la obligación jurídica de prevenir el tráfico de armamento. A través de la Opinión Consultiva 30 de 2025, el tribunal respondió a la petición de México para establecer responsabilidades claras sobre las prácticas negligentes de la industria armamentista, especialmente en los Estados Unidos.
Obligaciones para los gobiernos
El presidente del tribunal, Rodrigo Mudrovitsch, señaló que la circulación ilegal de armas vulnera derechos fundamentales como la vida y la integridad física. Por ello, la Corte estableció cuatro pilares de cumplimiento obligatorio:
Leyes internas: Implementar normas estrictas contra el tráfico.
Supervisión empresarial: Fiscalizar a las compañías privadas que fabrican y venden armas.
Reparación del daño: Ofrecer recursos judiciales efectivos para las víctimas de la violencia armada.
Rastreo internacional: Cooperar en el marcaje y seguimiento de los arsenales.
El impacto en México
Esta decisión respalda la postura de México, donde se estima que ingresan ilegalmente 200 mil armas estadounidenses cada año. La resolución subraya que los Estados deben realizar evaluaciones de riesgo rigurosas antes de autorizar exportaciones y asegurar que las armas decomisadas no regresen al mercado negro, otorgando un sustento legal internacional a las demandas mexicanas contra fabricantes extranjeros.
Fuente: Corte Interamericana de Derechos Humanos (Coridh) | © Redacción NoticiasPV Nayarit
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