El caso llegó al Consejo General del órgano electoral tras denunciarse que la Fiscalía busca suspender las redes sociales de la abogada Mónica Calles por difundir videos del expediente, mientras que el instituto deslinda su responsabilidad institucional.
Un conflicto laboral iniciado por la denuncia de acoso y despido injustificado de una empleada del Instituto Nacional Electoral (INE) escaló al ámbito penal y político, derivando en señalamientos contra la Fiscalía General de la República (FGR) por presunta persecución en contra de la defensora legal del caso, Mónica Calles Miramontes.
El tema fue puesto sobre la mesa durante la sesión del Consejo General del INE por Emilio Álvarez Icaza, representante del partido Somos México, quien alertó sobre las represalias y la solicitud formal de cancelar los perfiles digitales de la litigante tras haber transparentado las irregularidades del procedimiento.
Puntos centrales de la controversia:
– Antecedente laboral: La extrabajadora denunció haber sufrido acoso laboral y un encierro de aproximadamente 10 horas en oficinas institucionales durante una diligencia efectuada en agosto de 2025.
– Difusión de pruebas y acción penal: Luego de que la abogada Mónica Calles hizo públicos los videos de las diligencias, la funcionaria Andrea Gutiérrez Sánchez interpuso una denuncia penal ante la FGR imputándole el delito de amenazas.
– Intento de censura digital: En el expediente de la FGR se solicitó la suspensión temporal de las cuentas personales y profesionales de la abogada en X, Facebook, YouTube y TikTok.
– Señalamientos de uso de datos: Calles acusó que para armar la denuncia penal en su contra se emplearon datos personales y de localización extraídos directamente de los archivos internos del INE.
Posturas institucionales y reclamo en el Consejo General
Durante la sesión del Consejo General, Álvarez Icaza exigió un informe detallado sobre la estabilidad laboral en el INE, señalando una ola de despidos y renuncias tras la llegada de Roberto Carlos Félix López a la Secretaría Ejecutiva. Por su parte, la representación del órgano electoral aclaró que la institución no ha presentado acciones penales directas y que la denuncia ante la FGR corresponde a un litigio promovido a título personal por una servidora pública.
Fuente: Consejo General del INE / FGR / Representación del partido Somos México / © Redacción NoticiasPV Nayarit
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