Reportes señalan que el gobierno de Donald Trump analiza el despliegue de fuerzas especiales y drones para combatir a los cárteles en territorio mexicano, en una operación de carácter encubierto.
El medio estadounidense citó a funcionarios en activo y exautoridades con conocimiento directo del tema, quienes revelaron que el plan busca extender la actual estrategia antidroga del país norteamericano hacia territorio mexicano, bajo un esquema de operaciones encubiertas y acciones tácticas con drones y fuerzas especiales.
Según el reporte, el despliegue estaría a cargo del Comando Conjunto de Operaciones Especiales, operando bajo el marco legal conocido como Título 50, que regula misiones de inteligencia fuera del ámbito militar convencional. La iniciativa también contaría con la participación de agentes de la CIA, y su ejecución se mantendría bajo estricto secreto, como ha ocurrido con recientes operaciones en el Caribe y el Pacífico.
Objetivo: frenar al crimen organizado sin afectar al gobierno mexicano
Fuentes citadas por NBC aseguran que la propuesta no pretende intervenir en asuntos políticos internos ni afectar al gobierno de la presidenta Claudia Sheinbaum, sino enfocarse directamente en los cárteles de la droga que operan en México y que, según Washington, representan una amenaza directa para la seguridad estadounidense.
En declaraciones a la cadena, un alto funcionario de la Casa Blanca sostuvo que el gobierno de Trump “está comprometido con el uso de todos los recursos disponibles para proteger a los ciudadanos estadounidenses y enfrentar a los cárteles con una estrategia integral”.
Antecedentes y contexto
La iniciativa surge meses después de que la administración de Trump designara a los cárteles mexicanos como organizaciones terroristas, medida que amplió el marco jurídico para realizar operaciones internacionales contra el narcotráfico.
Aunque el mandatario ha expresado en varias ocasiones su intención de “actuar con firmeza” contra los cárteles, hasta el momento no se ha autorizado ninguna acción militar directa en México. Sin embargo, el creciente flujo de drogas y la violencia transfronteriza han reactivado el debate sobre una posible intervención limitada bajo coordinación bilateral.