El expediente de la FGR detalla cómo el alcalde Diego Rivera utilizaba multas ilegales y amenazas del CJNG para cobrar «derecho de piso» a todos los sectores.
La red de corrupción encabezada por el alcalde de Tequila, Diego Rivera Navarro, no dejó fuera a nadie. Según la carpeta de investigación de la Fiscalía General de la República (FGR), el edil morenista institucionalizó la extorsión en el municipio, imponiendo cuotas que variaban drásticamente según la víctima: desde 25 pesos adicionales por cada turista en los tours locales, hasta 60 millones de pesos exigidos a la empresa trasnacional José Cuervo.
El «sistema» operaba bajo una fachada de legalidad administrativa. Funcionarios como el jefe de Padrón y Licencias, Francisco Javier Rivera, utilizaban multas sobrevaluadas y clausuras arbitrarias para asfixiar a los negocios. Si los propietarios se negaban a pagar, intervenía el brazo armado del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG), enviando sujetos armados para «convencer» a las víctimas mediante amenazas o secuestros.
Una nómina del terror
El expediente revela testimonios desgarradores de comerciantes y servidores públicos:
Guías de turistas: Fueron obligados a duplicar sus cuotas por persona para entregar el excedente directamente al Ayuntamiento.
Comerciantes locales: Vendedores de artesanías y licores reportaron pagos de hasta 150 mil pesos para evitar el cierre de sus locales, seguidos de «mensualidades» forzosas de 20 mil pesos.
Empresarios: Un caso destaca por una multa ilegal de 2 millones de pesos impuesta bajo la amenaza de «levantones» por parte del grupo criminal si no se cubría el monto.
Extorsión incluso en el Cabildo
La ambición de Rivera Navarro alcanzó a sus propios compañeros de gobierno. Una regidora denunció que el alcalde le redujo el sueldo a la mitad para condicionar su voto en las sesiones de Cabildo. Al negarse a aprobar un endeudamiento de 20 millones de pesos, el edil respondió clausurando el negocio de la hija de la funcionaria, demostrando que nadie en el municipio estaba a salvo de sus represalias.
El golpe más mediático registrado en la carpeta involucra a la planta Cuervo 1800. La empresa denunció que el Ayuntamiento pretendía cobrarles 60 millones de pesos bajo argumentos de «irregularidades», una cifra que la compañía calificó como un intento de extorsión descarada. Con estos datos, la FGR busca consolidar una sentencia histórica contra el edil y sus operadores por el uso del aparato estatal al servicio del crimen organizado.
Fuente: Carpeta de Investigación FGR / Latinus | © Redacción NoticiasPV