El Gobierno de México descalificó la resolución del Comité contra la Desaparición Forzada (CED), señalando presuntos conflictos de interés de expertos internacionales y rechazando el diagnóstico de «crisis humanitaria».
La administración de la presidenta Claudia Sheinbaum ha endurecido su postura frente a los organismos internacionales tras la reciente resolución del Comité contra la Desaparición Forzada de la ONU (CED). El informe, que eleva la situación de México a niveles de crímenes de lesa humanidad, fue calificado por las Secretarías de Gobernación y de Relaciones Exteriores como un documento «parcial y sesgado», sugiriendo incluso la existencia de un complot orquestado por expertos con intereses particulares.
El experto francés en la mira de la 4T
Aunque el comunicado oficial no mencionó nombres, la narrativa gubernamental apunta al especialista francés Olivier de Frouville. El Estado mexicano sugiere un «conflicto de interés», señalando que De Frouville colaboró en el pasado con la Federación Internacional de Derechos Humanos (FIDH), organización que ha presentado quejas contra México ante la Corte Penal Internacional (CPI) por casos en Coahuila, Veracruz, Nayarit y Jalisco. Sin embargo, registros internacionales indican que De Frouville concluyó su asesoría legal hace casi dos décadas, antes de integrarse formalmente a los comités de expertos de la ONU.
Sociedad civil responde: «No maten al mensajero»
La reacción del Estado mexicano generó un fuerte rechazo por parte de organizaciones como Fundar, Cepad y la Universidad Iberoamericana. En un pronunciamiento conjunto, las ONG advirtieron que descalificar al mensajero para evadir el mensaje es una práctica que debilita la aspiración democrática del país. Señalaron que la soberanía se ejerce cumpliendo tratados, no desacreditando a los organismos de los que México forma parte voluntariamente.
Cifras que desbordan a las instituciones
Mientras la disputa por el diagnóstico continúa, la realidad en el territorio nacional es crítica. Las organizaciones civiles denuncian una impunidad superior al 99% en casos de desaparición y un colapso en los servicios forenses que acumulan más de 83 mil cuerpos y restos sin identificar. Ante el envío del caso de México a la Asamblea General de la ONU, los colectivos hacen un llamado enérgico al Gobierno Federal para que abandone la actitud defensiva, reconozca que las capacidades nacionales han sido superadas y acepte la asistencia internacional propuesta para frenar esta tragedia humanitaria.
Fuente: Secretarías de Gobernación / Pronunciamiento Colectivo de ONG / Archivos CED-ONU | © Redacción NoticiasPV
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