El ICE ejecuta compras millonarias de bodegas industriales en Texas y otros estados sin previa notificación a los gobiernos locales.
En una maniobra que ha generado indignación en diversas comunidades fronterizas, el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) concretó la compra de tres almacenes gigantescos en Socorro, Texas, por una suma de 122.8 millones de dólares. Lo que anteriormente eran centros de logística, ahora serán habilitados como centros de detención para migrantes. El alcalde de la localidad, Rudy Cruz Jr., denunció que el gobierno federal nunca notificó a su administración sobre este proyecto, el cual se asienta en una comunidad predominantemente hispana.
Esta táctica de expansión «silenciosa» forma parte de un plan maestro de la administración de Donald Trump para aumentar la capacidad de detención a 92 mil plazas. Mediante el uso de contratos militares —que permiten saltarse los procesos de transparencia habituales—, el Departamento de Seguridad Nacional ha puesto la mira en al menos 20 comunidades en estados como Arizona, Georgia y Pensilvania, donde ya se han firmado escrituras de propiedad para bodegas que superan en tamaño a varios supermercados juntos.
Impacto en servicios y rechazo social
El secretismo de las operaciones ha provocado que alcaldes y comisionados se enteren de las nuevas prisiones federales solo después de que las ventas son definitivas. En municipios pequeños como Social Circle, Georgia, la llegada de una instalación de este tipo duplicaría la población local, lo que colapsaría el sistema de drenaje y agua potable. Además, el cambio de dueño de privado a federal implica que las ciudades dejarán de percibir millones de dólares en impuestos prediales, afectando directamente los presupuestos para escuelas y obra pública.
Activistas y ciudadanos han comenzado a movilizarse, recordando que el aumento de detenciones bajo este modelo —que ya suma 75 mil personas bajo custodia— ha estado marcado por reportes de muertes y falta de atención médica en bases militares cercanas. Mientras Washington justifica la rapidez de estas adquisiciones como una necesidad de seguridad nacional, los habitantes de los pueblos afectados temen que sus comunidades se transformen en centros de vigilancia permanente e inhumanidad bajo su propia vigilancia.
Fuente: Agencia AP / DHS | © Redacción NoticiasPV Nayarit
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