Los diez consejeros electorales acordaron implementar medidas de depuración interna que incluyen una línea de denuncia anónima y la revisión integral de contratos vigentes.
Ante los señalamientos de opacidad y presuntos actos de corrupción registrados durante la administración de Guadalupe Taddei, el Pleno del Consejo General del Instituto Nacional Electoral (INE) acordó instrumentar una estrategia integral de «limpieza» institucional. La presidenta provisional del organismo, Blanca Cruz, informó que la medida contempla la apertura de un buzón de denuncias anónimas, la evaluación exhaustiva del desempeño de los funcionarios de alto nivel y la fiscalización rigurosa de los convenios comerciales suscritos por la anterior gestión.
Las acciones correctivas contemplan la suspensión temporal de nuevas contrataciones y una revisión a fondo de los acuerdos vigentes, incluyendo el contrato por más de mil millones de pesos otorgado a la empresa Cosmocolor en colaboración con Talleres Gráficos de México para la fabricación de credenciales de elector. Cruz advirtió que el órgano electoral no descartará la rescisión de contratos si las auditorías conjuntas con el Órgano Interno de Control detectan anomalías jurídicas o indicios de colusión en los procesos de licitación previos.
Por su parte, el consejero Arturo Castillo señaló que el bloqueo informativo que imperaba bajo la presidencia anterior impedía la fiscalización interna, por lo que estas medidas extraordinarias permitirán sanear la estructura operativa. Como parte de estos trabajos, se contabilizan al menos quince renuncias voluntarias de funcionarios cercanos a la exmandamás, entre ellos Carlos Daniel Luna Rosas, quien se desempeñaba como jefe de oficina. Asimismo, las autoridades electorales mantienen bajo revisión los nombramientos de consejeros en los Organismos Públicos Locales Electorales (OPLE).
La implementación de estos controles internos busca restablecer la confianza ciudadana en el árbitro comicial y garantizar la transparencia en el manejo de los recursos públicos. Los consejeros reiteraron su disposición de colaborar con las instancias de fiscalización superior para deslindar responsabilidades y sancionar cualquier conducta irregular detectada en las áreas administrativas y técnicas del instituto.
Las decisiones del Consejo General marcan un punto de inflexión en la gobernanza interna del organismo autónomo, que enfrenta el reto de renovar sus mandos directivos y blindar sus procedimientos frente a futuros conflictos de interés. Las comisiones encargadas continuarán integrando los expedientes para dictaminar el estado de los compromisos contractuales pendientes.
Fuente: Consejo General del INE / Entrevistas institucionales | © Redacción NoticiasPV Nayarit