El juez Celestino Martínez Bones es señalado por corrupción tras absolver a un elemento de la Guardia Nacional y a un exmilitar, pese a haber sido capturados in fraganti y con armas oficiales.
La justicia en Puebla enfrenta una severa crisis de credibilidad tras la polémica decisión del juez de oralidad, Celestino Martínez Bones, quien dictó un fallo absolutorio a favor de Luis Javier N., miembro activo de la Guardia Nacional, y Rogelio Sergio N., exmilitar. Ambos sujetos habían sido detenidos en flagrancia durante octubre de 2023 tras secuestrar a un joven comerciante en San Martín Texmelucan.
Miguel Barrueta, víctima indirecta y quien participó en la detención de los hoy liberados, denunció formalmente al juzgador ante el Consejo de la Judicatura y la Fiscalía Anticorrupción. Según Barrueta, el fallo es un acto de impunidad que pone en riesgo a su familia, la cual ha recibido amenazas de muerte durante los dos años que duró el proceso. «El juez está mandando un mensaje de que traicionar a la ciudadanía desde una corporación de seguridad no tiene castigo», reclamó.
Pruebas ignoradas y favoritismo
A pesar de la gravedad del caso, la defensa de las víctimas señala que el juez desestimó pruebas contundentes presentadas por la Fiscalía Especializada en Investigación de Secuestro y Extorsión, entre las que destacan:
Detención en flagrancia por parte de vecinos y policías municipales.
Armas de cargo oficiales de la Guardia Nacional aseguradas a los implicados.
Videos de vigilancia que muestran una patrulla de la GN escoltando el vehículo de los secuestradores.
Georreferenciación de celulares y mensajes donde planeaban el ilícito.
Además, se denunció que durante las audiencias el juez Martínez Bones revictimizó a los afectados, obligando al hijo de Barrueta a declarar bajo condiciones intimidantes a través de videollamada, mientras permitía total libertad a los abogados defensores de los militares.
Antecedentes y quejas
Esta no es la primera vez que el juez Martínez Bones es cuestionado; en 2022 fue acusado de utilizar sus influencias para liberar a un familiar acusado de violación. Ante la gravedad del fallo actual, las víctimas han solicitado la intervención directa de la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, al considerar que el Poder Judicial local está protegiendo a delincuentes que portan uniforme oficial, dejando a la sociedad a merced de quienes deberían protegerla.
Fuente: Proceso | © Redacción NoticiasPV
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