Júpiter Araujo, cabecilla del Cártel de Sinaloa, fue el eje de las investigaciones de la FGR tras difundirse un video donde ofrece financiamiento ilícito a candidatos a cambio de cuotas mensuales de las arcas municipales.
Las indagatorias de la Fiscalía General de la República (FGR) que derivaron en la desarticulación de redes políticas en el centro del país tienen como pieza clave a un operador de la delincuencia organizada. Se trata de Júpiter Araujo, conocido en el mundo delictivo bajo el alias de “El Barbas”, identificado por las instituciones de inteligencia civil como el presunto jefe regional del Cártel de Sinaloa encargado de someter y coordinar las actividades ilícitas en los municipios de la zona oriente de Morelos.
La relevancia de este personaje cobró notoriedad tras la filtración en plataformas digitales de un registro videográfico correspondiente al proceso electoral de 2024. El Ministerio Público Federal integró dicho material a las carpetas de investigación, confirmando que las imágenes muestran reuniones del presunto capo con presidentes municipales electos y servidores públicos en funciones, de manera específica con Agustín “N”, alcalde de Atlatlahucan, y Jesús Corona Damián, mandatario de Cuautla.
De acuerdo con datos periodísticos y las propias líneas de investigación de las fiscalías federales, durante el encuentro delictivo «El Barbas» ofreció de manera abierta inyectar capital económico para la compra masiva de sufragios en favor de las planillas de los candidatos. El pacto criminal estipulaba que, una vez concretado el triunfo en las urnas y asumidas las administraciones locales, los ayuntamientos debían pagar una cuota mensual fija a la organización sinaloense bajo la promesa de mantener la paz en las demarcaciones territoriales.
La trama de infiltración incluyó también el sometimiento de otros cuadros operativos clave de la región, registrándose la asistencia en dichas citas de Samuel Márquez, alias “El Mayor”, secretario del Ayuntamiento de Cuautla, y de Jorge Bazán Reyes, quien ejercía funciones como director de Mercados Municipales. Tras las presiones del grupo delictivo y presuntos cobros de piso obligatorios, algunos de los servidores públicos implicados intentaron interponer juicios de amparo ante el Poder Judicial de la Federación para evitar capturas, recursos legales que les fueron denegados previo al despliegue de los recientes operativos de aprehensión.
Fuente Fiscalía General de la República | © Redacción NoticiasPV Nayarit