Leonardo Almaguer Castañeda, actual legislador local, estuvo recluido en Puente Grande por robo calificado y delincuencia organizada; exigen su destitución por violar leyes de elegibilidad.
Un escándalo de proporciones legales y éticas sacude al Congreso de Jalisco tras revelarse que el diputado local del Partido del Trabajo (PT), Leonardo Almaguer Castañeda, cuenta con antecedentes penales por delitos graves. Documentos oficiales de la desaparecida Procuraduría de Justicia del Estado confirman que el hoy legislador formó parte de una banda delictiva dedicada al robo con violencia de camiones repartidores de cerveza durante la década de los 2000.
De acuerdo con la averiguación previa 427/2004, Almaguer Castañeda ingresó al Reclusorio de Puente Grande el 5 de septiembre de 2004. Los expedientes detallan que el grupo criminal participó en al menos nueve atracos, y se señala directamente al diputado de haber amenazado con armas de fuego a choferes repartidores. Aunque en 2007 solicitó la suspensión del proceso tras realizar un depósito económico como sentenciado, el historial permanece como una mancha que pone en duda su actual cargo.
¿Ilegalidad en su nombramiento?
La legislación electoral de Jalisco es clara: para ser diputado se requiere no contar con antecedentes penales por delitos dolosos (Art. 20 de la Constitución Estatal). El hecho de que Almaguer ya sume un año y tres meses en la actual legislatura ha levantado críticas sobre los filtros del Instituto Electoral y su propio partido.
Contexto Político: El legislador ha mantenido una postura crítica contra el gobernador Pablo Lemus, impulsando un referéndum contra el alza al transporte público.
Acusaciones del Ejecutivo: Lemus ha calificado de «patética» la actuación del diputado, acusándolo de azuzar actos vandálicos en la Catedral de Guadalajara y Palacio de Gobierno.
PRI exige cuentas claras
La dirigencia estatal del PRI, encabezada por Laura Haro Ramírez, reprobó de manera contundente la permanencia de Almaguer en la coordinación parlamentaria del PT. El tricolor calificó como inadmisible la «normalización» de perfiles con pasado delictivo en espacios de alta responsabilidad pública.
El equipo jurídico del PRI ya analiza acciones legales para impugnar la posición del diputado, mientras que el PT ha guardado silencio sepulcral ante las pruebas que sitúan a su coordinador de bancada como un ex convicto por delincuencia organizada.
Fuente: Agencia Proceso (Apro) / Expedientes Judiciales Puente Grande | © Redacción NoticiasPV Nayarit
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