Socorro Gil Guzmán, líder del colectivo Memoria, Verdad y Justicia, detectó anomalías en los libros forenses tras hallar un cráneo con las características de su hijo desaparecido en 2018; denunció además que el Ayuntamiento las obligó a retirar las fichas de búsqueda del Zócalo.
Las dinámicas de identificación y el resguardo de evidencias en los anfiteatros del estado de Guerrero volvieron a ser cuestionados por las organizaciones de la sociedad civil. La presidenta del colectivo Memoria, Verdad y Justicia de Acapulco, Socorro Gil Guzmán, denunció públicamente la existencia de graves irregularidades al interior del Servicio Médico Forense (Semefo) de la localidad, tras la repentina incorporación de restos óseos en los registros oficiales que coinciden con la fisionomía de su hijo, Jhonatan Guadalupe Romero Gil, desaparecido desde diciembre de 2018.
La activista detalló que, junto con su familia, ha inspeccionado minuciosamente los libros de actas y los catálogos fotográficos de la dependencia forense desde hace ocho años, sin que dichos restos hubieran figurado previamente en los inventarios. El hallazgo ocurrió durante una jornada de inspección en vida realizada en abril pasado por la Comisión Nacional de Búsqueda; los peritajes iniciales arrojaron que las piezas corresponden a un masculino de entre 15 y 25 años rescatado en la colonia Panorámica, zona donde la familia tenía indicios de que la víctima había sido abandonada.
Gil Guzmán precisó que los restos bajo custodia presentan una particularidad ósea idéntica a la de su familiar, consistente en una ausencia congénita de tejido craneal justo por encima de la ceja izquierda. Ante el hallazgo y la sospecha de manipulación institucional de los expedientes, el Comité contra la Desaparición Forzada de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) —organismo que mantiene el seguimiento internacional del expediente— requirió de manera formal al Estado mexicano la ejecución prioritaria e inmediata de las confrontas de perfil genético (ADN) para confirmar la identidad del cuerpo.
De forma simultánea al conflicto forense, las integrantes del colectivo manifestaron su inconformidad en contra de las autoridades del Ayuntamiento de Acapulco. La administración municipal forzó a las madres buscadoras a desmantelar la exposición permanente de mantas y fichas de localización que mantenían en el quiosco del zócalo de la ciudad, bajo el argumento de liberar los espacios públicos para el desarrollo de la Feria del Libro de Acapulco 2026, una acción que las activistas criticaron al ser excluidas por completo de la programación cultural de la demarcación.
Fuente: Colectivo Memoria, Verdad y Justicia de Acapulco | © Redacción NoticiasPV Nayarit