La entrega voluntaria de mandos de Sinaloa en cortes de Nueva York marca un viraje en las investigaciones del Departamento de Justicia norteamericano, el cual procesa a exservidores públicos como presuntos protectores de «Los Chapitos» utilizando esquemas de delación premiada.
Los procesos penales que instruye el Departamento de Justicia de los Estados Unidos han registrado un cambio de paradigma estructural en sus líneas de investigación. Las fiscalías federales de Nueva York ya no concentran sus esfuerzos de manera exclusiva en la captura de los líderes de los cárteles de la droga, sino que han redireccionado sus herramientas jurídicas hacia el desmantelamiento de las redes de protección institucional, operadores financieros y estructuras de complicidad política en territorio mexicano. Este nuevo enfoque sitúa a los testigos colaboradores como las piezas fundamentales para construir los expedientes judiciales que actualmente vinculan a funcionarios públicos con la delincuencia organizada.
La muestra más fidedigna de este viraje institucional se consolidó tras las entregas voluntarias en territorio norteamericano del exsecretario de Seguridad Pública de Sinaloa, Gerardo Mérida Sánchez, y del exsecretario de Administración y Finanzas, Enrique Díaz Vega. Ambos exfuncionarios del gobierno de Rubén Rocha Moya cruzaron la frontera para ponerse a disposición de una Corte en el Distrito Sur de Nueva York, evadiendo con ello la posibilidad de interponer amparos o recursos suspensivos ante la justicia mexicana. El expediente estadounidense los señala de conformar una red de protección en favor de la facción de «Los Chapitos», acusando a Mérida Sánchez de alertar sobre operativos militares a cambio de sobornos en efectivo y a Díaz Vega de fungir como enlace financiero del grupo criminal.
A pesar de que el Gobierno de México, a través de la presidenta Claudia Sheinbaum, desestimó riesgos políticos o afectaciones institucionales derivadas de estas comparecencias en el extranjero, la historia procesal de las cortes estadounidenses demuestra la efectividad del sistema de delación premiada. Perfiles históricos como Vicente Zambada Niebla «El Vicentillo», Jesús Reynaldo «Rey» Zambada y Dámaso López Serrano «El Mini Lic» lograron reducciones drásticas de condenas tras aportar datos incriminatorios en juicios de alto perfil como los de Joaquín «El Chapo» Guzmán y Genaro García Luna. Actualmente, las fiscalías norteamericanas basan sus acusaciones contra la estructura de Sinaloa en las confesiones de los propios hijos de «El Chapo» —Ovidio y Joaquín Guzmán López—, cuyos testimonios amenazan con sacudir los cimientos del poder político regional.
Fuente: Departamento de Justicia de los Estados Unidos | © Redacción NoticiasPV Nayarit
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