Con el objetivo de homologar los sistemas registrales y fortalecer el cobro del impuesto predial, la nueva legislación establece un marco de coordinación federal, aunque analistas advierten que los beneficios recaudatorios serán graduales y dependerán de las capacidades locales.
La entrada en vigor de la Ley General para el Fortalecimiento y Armonización Catastral y Registral representa un avance fundamental para homologar los registros públicos de la propiedad y optimizar la identificación de inmuebles en el país; sin embargo, su implementación planteará un desafío presupuestario significativo para los gobiernos municipales, quienes deberán financiar los costos de modernización sin recursos federales adicionales garantizados, de acuerdo con un análisis de la calificadora Fitch Ratings.
La legislación, publicada recientemente en el Diario Oficial de la Federación, contempla herramientas técnicas como la Clave Única Catastral, la Cédula Única Catastral y Registral y plataformas digitales municipales para dinamizar el mercado inmobiliario y reducir inconsistencias jurídicas, en un contexto nacional donde la recaudación predial representó apenas el 0.31% del Producto Interno Bruto (PIB) durante 2024, una cifra distante del promedio observado entre los países integrantes de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE).
No obstante, el organismo evaluador advierte que los efectos crediticios y fiscales de la reforma serán neutrales en el corto plazo, toda vez que las inversiones requeridas para actualizar la infraestructura técnica y los padrones precederán a cualquier incremento en la recaudación tributaria local, recayendo el mayor esfuerzo financiero en aquellas demarcaciones con menores capacidades institucionales y operativas.
Fuente: Fitch Ratings / DOF / Análisis financieros | © Redacción NoticiasPV Nayarit
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