Un juzgado federal admitió la demanda promovida por Brenda Valenzuela contra mandos de la SSPC, exigiendo rendición de cuentas e informes justificados ante la falta de resultados en las indagatorias.
Derivado de los reclamos por la falta de avances sustanciales en las indagatorias, el Poder Judicial de la Federación admitió oficialmente una demanda de amparo interpuesta por Brenda Valenzuela Gil en contra del titular de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), Omar García Harfuch, y diversos mandos de la corporación federal. La madre de Carlos Emilio Galván Valenzuela —joven desaparecido hace más de un año en el puerto de Mazatlán, Sinaloa— denunció reiteradas omisiones institucionales que han obstaculizado la localización de su familiar, pese a los operativos de seguridad presumidos públicamente por el gobierno federal en la entidad.
Con esta determinación judicial, las autoridades correspondientes quedaron emplazadas para presentar los informes previos en un plazo de 48 horas y un informe justificado en un máximo de quince días bajo protesta de decir verdad. Asimismo, los mandos señalados deberán comparecer ante una jueza federal para explicar los motivos del rezago y la falta de acciones eficaces en la investigación, mientras un Tribunal Colegiado evalúa recursos adicionales interpuestos por la familia para acelerar las diligencias ministeriales en el sitio donde fue visto por última vez.
Puntos clave del proceso legal, exigencias de justicia y las acciones emprendidas por los colectivos de búsqueda ante el rezargo institucional:
– Admisión de amparo: El Poder Judicial federal dio entrada formal a la demanda contra los mandos de la SSPC por la dilación en las pesquisas.
– Plazos legales: Las autoridades federales cuentan con términos precisos para rendir informes justificados y comparecer ante la autoridad judicial competente.
– Reclamo de colectivos: La familia reprochó el contraste entre la difusión de despliegues operativos y la persistencia de omisiones en casos específicos de desaparición.
– Seguimiento judicial: Un Tribunal Colegiado revisará los recursos interpuestos para determinar si se emiten órdenes adicionales que obliguen a actuar sin demora.
Las instancias judiciales continuarán el desahogo del proceso para evaluar el cumplimiento de las obligaciones ministeriales y garantizar el derecho de acceso a la justicia de las víctimas.
Fuente: Declaraciones públicas / Poder Judicial de la Federación | © Redacción NoticiasPV Nayarit