Acusan que empresas mineras usan a criminales para vaciar pueblos en Guerrero

La Organización Campesina de la Sierra del Sur afirmó que los ataques con drones y explosivos en Chilapa responden al interés corporativo por el oro y la plata, rechazando la narrativa del Gobierno Federal.

Las causas del desplazamiento forzado masivo y las agresiones armadas en las regiones de La Montaña y Costa Chica han desatado una confrontación ideológica entre activistas y los cuerpos de seguridad civil. A través de un pronunciamiento formal, la Organización Campesina de la Sierra del Sur (OCSS) denunció que las recientes oleadas de violencia y ataques con drones artillados sufridos por comunidades nahuas en el municipio de Chilapa de Álvarez no obedecen a simples disputas territoriales entre bandas rivales, sino a una estrategia de contrainsurgencia operada por consorcios mineros trasnacionales.

El organismo social detalló que existen al menos 24 concesiones mineras internacionales vigentes en la región de Guerrero, cuyos inversionistas presuntamente instrumentalizan al cartel de «Los Ardillos» para amedrentar, agredir y aniquilar a los núcleos ejidales autogestivos, facilitando el despojo de los yacimientos de plata, oro y minerales críticos. Con este argumento, la OCSS rechazó las declaraciones del secretario de Seguridad y Protección Ciudadana federal, Omar García Harfuch, quien el pasado 12 de mayo criminalizó al Concejo Indígena y Popular-Emiliano Zapata (Cipog-EZ) al catalogarlo como un brazo de la delincuencia organizada y corresponsable de las agresiones junto a «Los Tlacos».

Los voceros comunitarios señalaron que vincular las luchas sociales con células criminales es una táctica histórica del poder público para deslegitimar los movimientos indígenas y justificar las omisiones oficiales en la zona. Recordaron que desde el año 2015 a la fecha se acumulan 81 homicidios y 25 casos de desaparición forzada de pobladores de Tula, Xicotlán y Acahuehuetlán sin que existan castigos institucionales, por lo que urgieron a las autoridades a reactivar las medidas cautelares de protección para el dirigente indígena Jesús Plácido Galindo ante el inminente riesgo a su integridad.

Fuente: Comunicado oficial de la OCSS| © Redacción NoticiasPV Nayarit

                                                         
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