Más de 200 organizaciones pidieron al Estado mexicano cumplir las recomendaciones de la ONU, señalando la persistencia de graves violaciones a los DD.HH. en 2025, incluyendo 513 feminicidios y al menos seis periodistas y 14 defensores de derechos asesinados.
jornada.com.mx
Ciudad de México. Más de 200 organizaciones, redes y colectivos defensores de las garantías y personas defensoras, hicieron un llamado urgente al Estado mexicano para garantizar protección y respeto a los derechos humanos ante la persistencia de desapariciones y desplazamiento forzado, ataque a periodistas y defensoras de derechos humanos, feminicidios, personas privadas de la libertad sin sentencia y acceso a la justicia.
En el marco del Día Internacional de los Derechos Humanos, pidieron cumplir de manera efectiva las recomendaciones internacionales emitidas por diversos mecanismos y organismos de Naciones Unidas, en particular aquellas formuladas durante el cuarto ciclo del Examen Periódico Universal (EPU).
Fundación para la Justicia, los centros de Derechos Humanos de la Montaña Tlachinollan y Miguel Agustín Pro Juárez, así como las organizaciones que integran el Espacio OSC, entre otras, en un pronunciamiento indicaron que en 2025 se han registrado al menos seis periodistas y 14 personas defensoras asesinadas por su labor, que defienden el agua, el medio ambiente y los derechos colectivos.
En materia de desaparición forzada, afirmaron que miles de familias continúan buscando verdad y justicia sin una política de Estado que responda de manera integral, coordinada y con enfoque de derechos.
Al 30 de septiembre de 2025, el Registro Nacional contabilizaba 132 mil 81 personas desaparecidas y no localizadas desde que comenzó el conteo, de ellas 102 mil 447 hombres (77.56 por ciento), 29 mil 222 mujeres (22.12 por ciento) y 412 personas no identificadas (0.31 por ciento).
A esto se suma la crisis de identificación forense con más de 72 mil restos sin identificar a la fecha, dijeron.
Añadieron que al menos 30 familiares de personas desaparecidas han sido asesinadas —cinco de ellas en 2025—, la mayoría mujeres. Afirmaron que las mujeres buscadoras realizan tareas que corresponden al Estado: buscar, documentar, excavar, recuperar restos humanos y exigir verdad y justicia, asumiendo riesgos que afectan su vida, salud física y emocional, así como sus proyectos de vida.
En relación con las mujeres, hasta septiembre de 2025 se registraron 513 feminicidios, mil 607 homicidios dolosos de mujeres y 2 mil 901 mujeres desaparecidas, lo que evidencia la persistencia de violencias graves. “Si bien se reconocen avances como la creación de la Secretaría de las Mujeres y la política de cuidados, estos esfuerzos aún resultan insuficientes frente a la violencia sistemática que enfrentan mujeres, adolescentes y niñas”.
En cuanto a la protección del medio ambiente, dijeron que sigue pendiente una regulación sólida en materia de empresas y derechos humanos, necesaria para prevenir los impactos de actividades extractivas y megaproyectos en el ambiente, las comunidades y los territorios, que incrementarán con el Plan México.
De igual forma, mencionaron que continúa pendiente la aprobación de una Ley General sobre desplazamiento forzado interno, aun cuando este fenómeno se ha incrementado en diversos estados —como Chihuahua, Chiapas y Michoacán—, donde incluso hay comunidades que permanecen confinadas en sus territorios debido a disputas entre grupos del crimen organizado.
Se mantienen, señalaron, las prácticas empresariales que vulneran la libertad sindical y la contratación colectiva, afectando salarios y condiciones dignas de trabajo, que no permite el ejercicio de derechos económicos, sociales y culturales plenos.
Indicaron que preocupa que los resultados de la estrategia de seguridad federal no correspondan con la realidad de las comunidades afectadas por grupos criminales, y que el despliegue permanente de la Guardia Nacional siga demostrando su ineficacia para mejorar la seguridad.
Además, “alarma que la estrategia privilegie la militarización, ampliando tareas, presupuesto y poder económico de las fuerzas armadas e incorporando a la Guardia Nacional como cuarta fuerza armada sin un marco legal adecuado para regular su actuación”.
El sistema de acceso a la justicia enfrenta retos significativos ante la reforma al Poder Judicial, que, aseguraron, plantea dudas sobre la suficiencia de los contrapesos institucionales y los mecanismos para garantizar la independencia de quienes imparten justicia.
En movilidad humana, persisten graves obstáculos para acceder al asilo, al refugio y a un trato digno. Señalaron que las políticas migratorias criminalizan a personas migrantes y refugiadas, exponiéndolas a extorsiones, secuestros, desapariciones, muertes violentas, xenofobia y uso excesivo de la fuerza.
Respecto a las personas privadas de la libertad, puntualizaron que hay un aumento de la población penitenciaria —de 200 mil 936 a 255 mil 190 personas en cinco años— , lo cual ha agravado la sobrepoblación y el hacinamiento, generando mayor violencia intracarcelaria, carencias en atención médica y servicios básicos, y condiciones que vulneran la dignidad humana, sostuvieron.
Asimismo, consideraron “esencial que el Gobierno federal establezca mecanismos de diálogo periódico con organizaciones de la sociedad civil para intercambiar información sobre los desafíos y avances, así como para asegurar el escrutinio público de las políticas implementadas”.
Por tal motivo, exhortaron al Estado mexicano a instalar mesas semestrales de presentación de avances y evaluación de resultados, y a brindar acompañamiento técnico a los gobiernos estatales para la elaboración de programas de derechos humanos alineados con los estándares internacionales y orientados a transformar las condiciones estructurales que vulneran derechos en el país.
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