El Gobierno de México identificó flujos millonarios y participación accionaria ilícita en sociedades mercantiles del complejo Kovay Gardens; la SHCP presentó denuncias penales para desarticular el brazo económico que operaba mediante fraudes inmobiliarios.
La Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) puso bajo la lupa la estructura económica del Cártel de Jalisco Nueva Generación (CJNG) en territorio nayarita. Luego de que el Departamento del Tesoro de EE. UU. sancionara al desarrollo Kovay Gardens —ubicado en La Cruz de Huanacaxtle, Bahía de Banderas—, la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) desplegó una serie de medidas de bloqueo y denuncias penales para desarticular a los prestanombres que operan en la región.
A diferencia del reporte de Washington, la UIF en México profundizó en el análisis local, detectando que la red no solo se limita a las 24 entidades señaladas inicialmente, sino que incluye a siete sujetos adicionales (seis personas y una empresa) vinculados al núcleo familiar y corporativo del cártel en el occidente del país.
Análisis de flujos millonarios en Nayarit
La investigación financiera reveló un complejo entramado de simulación empresarial. Según el comunicado de Hacienda, se detectaron los siguientes focos de actividad ilícita:
Transferencias internacionales: Movimientos de capitales desde y hacia el extranjero vinculados a las estafas.
Consumos de lujo: Uso significativo de tarjetas de servicio e instrumentos de inversión por parte de los operadores.
Sociedades mercantiles: Participación accionaria en múltiples empresas constituidas principalmente en Nayarit y Jalisco que servían para dispersar recursos.
Acción legal ante la FGR
Con el objetivo de frenar el lavado de dinero en el sector de tiempos compartidos, la UIF presentó denuncias formales ante la Fiscalía General de la República (FGR). Estas acciones buscan no solo congelar las cuentas bancarias, sino procesar judicialmente a quienes han facilitado el uso del sistema financiero global para fines criminales.
La SHCP enfatizó que estas medidas cierran el paso al uso de intermediarios en zonas turísticas, protegiendo la integridad de la economía en Bahía de Banderas y asegurando que los desarrollos inmobiliarios no sean utilizados como fachada para la criminalidad transnacional.
Fuente: SHyCP | © Redacción NoticiasPV
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