El anuncio del incremento a la tarifa del transporte público en Jalisco ha provocado una respuesta inmediata y hostil por parte de la ciudadanía en Puerto Vallarta. Apenas minutos después de que la Comisión Tarifaria oficializara que el costo del pasaje subirá de 10 a 14 pesos, las redes sociales se inundaron de quejas y reclamos que cuestionan la legitimidad de este aumento frente a un servicio que califican como deficiente.

A pesar de que el gobernador del estado, Pablo Lemus Navarro, informó que el Gobierno implementará un subsidio para que el costo real al usuario sea de 11 pesos, la medida no ha sido suficiente para calmar los ánimos. Los vallartenses argumentan que, incluso con el subsidio, el ajuste representa un golpe a la economía familiar en una ciudad que padece graves problemas de movilidad.

Un servicio que no cumple las promesas La mayor molestia radica en el incumplimiento de las promesas realizadas en aumentos anteriores. Los usuarios recordaron que cuando la tarifa subió de 8.50 a 10 pesos, el compromiso fue garantizar unidades con aire acondicionado. Sin embargo, denuncian que en la práctica los choferes se niegan a encenderlo, alegando prohibiciones internas, mientras los pasajeros deben soportar altas temperaturas y el hacinamiento en las unidades.

«Es el colmo que quieran cobrar más cuando traen pocos camiones que no solucionan nada. Solo somos buenos para aumentar el 40 por ciento pero malos para dar un servicio digno», señaló uno de los ciudadanos inconformes a través de plataformas digitales.

Infraestructura y tiempos de espera en el olvido Además de la falta de unidades, los reportes ciudadanos destacan que los tiempos de espera superan los 40 minutos en diversas rutas de la ciudad. A esto se suma la precaria situación de los paraderos, los cuales carecen de techos y protección contra el sol, dejando a los trabajadores y estudiantes vulnerables a las inclemencias del tiempo mientras esperan el transporte.

La percepción generalizada entre los cibernautas es de una «resignación forzada», pues señalan que, aunque la inconformidad es masiva, las autoridades suelen proceder con los ajustes sin realizar mejoras previas tangibles en la flota o en la frecuencia de paso.