Las colaboradoras adscritas a la ponencia del ministro Irving Espinosa Betanzo presentaron su separación inmediata del cargo; el Alto Tribunal ordenó una auditoría interna para esclarecer el uso indebido de recursos públicos y mobiliario en las oficinas del Centro Histórico.
Los esquemas de disciplina interna y las políticas sobre el uso de la infraestructura pública en el Poder Judicial de la Federación derivaron en sanciones administrativas contundentes. La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) confirmó que las empleadas pertenecientes a la oficina del ministro Irving Espinosa Betanzo, quienes participaron en la grabación de comerciales de botanas dentro de las instalaciones del tribunal, presentaron formalmente sus renuncias con efectos inmediatos.
La controversia escaló tras la masiva difusión y viralización de los fragmentos audiovisuales en plataformas sociodigitales, donde se exhibía a las servidoras utilizando los pasillos y despachos oficiales como sets de filmación. Mediante un comunicado de prensa, el Máximo Tribunal del país aclaró que la utilización de cualquier espacio del inmueble de Pino Suárez para fines mercantiles, promociones privadas o publicidad comercial requiere de un permiso expreso y por escrito, ratificando que ni la institución ni el ministro ponente otorgaron aval alguno para estas actividades.
Ante la detección de la falta, la administración de la SCJN ordenó a las involucradas el retiro de los materiales, los cuales ya fueron eliminados de los perfiles comerciales de la firma «Snack’in for you». De manera paralela, la presidencia de la Corte instruyó la apertura de un procedimiento de revisión interna y auditoría forense con el objetivo de determinar si se incurrió en el uso ilegal de áreas jurisdiccionales, desvío de tiempo laboral financiado por el erario, aprovechamiento de mobiliario oficial o vulneración de los recursos institucionales del Estado.
La salida de las colaboradoras se consolidó bajo la figura de renuncia irrevocable, buscando mitigar el impacto a la imagen pública del tribunal tras los constantes llamados a la austeridad y la formalidad en el servicio público. Las áreas de contraloría interna darán seguimiento al expediente administrativo para deslindar responsabilidades legales y fijar los criterios preventivos que impidan el uso de los recintos de la judicatura en dinámicas de entretenimiento digital o monetización privada.
Fuente: Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) | © Redacción NoticiasPV Nayarit
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