Tras obtener licencia temporal para dejar la gubernatura de Sinaloa, especialistas y políticos debaten si el mandatario mantiene la inmunidad procesal o puede ser detenido.
La aprobación de la licencia temporal por 30 días a Rubén Rocha Moya para separarse de su cargo como gobernador de Sinaloa ha desatado un intenso debate sobre su estatus legal. Mientras la oposición exige un juicio de procedencia para retirarle el fuero constitucional, diversos analistas y juristas analizan el alcance de la inmunidad procesal de la que gozan los servidores públicos en el país.
De acuerdo con el marco de la Constitución Política del Estado de Sinaloa, la figura de la licencia temporal permite al funcionario ausentarse de sus labores ejecutivas diarias sin que esto signifique, de forma automática, la pérdida de su protección constitucional contra detenciones. Esta postura ha sido sostenida en la práctica reciente por instancias federales, quienes consideran que el fuero se mantiene vigente como un obstáculo para una aprehensión inmediata.
Por el contrario, el exministro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), Arturo Zaldívar, señaló en sus canales oficiales que la inmunidad procesal protege a la función pública y no a la persona. Bajo este criterio jurídico, al haber solicitado una licencia y dejar de ejercer el cargo de gobernador, Rocha Moya ya no contaría con dicha protección y podría ser procesado penalmente como cualquier otro ciudadano si las autoridades investigadoras así lo requieren.
Fuente: Constitución de Sinaloa y declaraciones de juristas | © Redacción NoticiasPV