Arturo Castillo advirtió que las acusaciones de presunta corrupción contra la ex presidenta del INE podrían derivar en sanciones penales graves contempladas en la Constitución.
Las probables irregularidades administrativas y los señalamientos de corrupción que rodearon la salida de Guadalupe Taddei de la presidencia del Instituto Nacional Electoral (INE) podrían encuadrarse en tipos penales graves que ameritan prisión preventiva oficiosa, advirtió el consejero electoral Arturo Castillo. Durante una entrevista concedida este jueves, el funcionario precisó que los casos de enriquecimiento ilícito y uso abusivo de funciones ventilados públicamente deberán ser turnados ante la Fiscalía General de la República (FGR) para el inicio de las indagatorias ministeriales correspondientes.
Castillo subrayó que el Pleno del Consejo General mantiene una postura firme de colaboración con las instituciones de fiscalización superior y de procuración de justicia, señalando que los hechos denunciados ameritan la aplicación estricta del artículo 19 constitucional en términos de salvaguardar el erario y prevenir la evasión de la acción de la justicia. Asimismo, reiteró que los diez consejeros acordaron una batería de medidas de saneamiento institucional, que van desde la revisión integral de contratos vigentes —como el vinculado a la producción de credenciales para votar— hasta la habilitación de un buzón de denuncias anónimas para proteger al personal del organismo.
Las declaraciones del consejero refuerzan la presión al interior del árbitro comicial para esclarecer el manejo financiero de la gestión anterior y deslindar responsabilidades por los contratos asignados sin la debida transparencia. Paralelamente, la renuncia de diversos mandos operativos vinculados a la administración saliente ha obligado a la estructura interna a reorganizar sus prioridades operativas de cara a los próximos retos comiciales y constitucionales del país.
El debate sobre la responsabilidad legal de los exfuncionarios electorales abre un nuevo capítulo en la relación entre los órganos autónomos y las instancias federales de procuración de justicia. Las comisiones del INE mantendrán abiertas las auditorías técnicas mientras se definen los cauces jurídicos que la FGR determine seguir tras recibir formalmente las vistas de los expedientes.
La reestructuración en curso busca devolver la certidumbre operativa al árbitro electoral, garantizando que los procesos de fiscalización y contratación se apeguen estrictamente a los principios de legalidad y rendición de cuentas exigidos por la ciudadanía.
Fuente: Declaraciones institucionales del Consejo General del INE | © Redacción NoticiasPV Nayarit