Las nuevas disposiciones publicadas en el DOF extienden el control financiero a sectores inmobiliarios, automotrices y notarías para detectar operaciones sospechosas.
La Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) hizo oficial la ampliación de los controles de fiscalización y prevención del lavado de dinero para Personas Políticamente Expuestas (PEP), extendiendo las medidas de supervisión sobre cónyuges, familiares hasta en segundo grado de consanguinidad y socios comerciales de funcionarios públicos, tanto nacionales como extranjeros. La disposición, dada a conocer a través del Diario Oficial de la Federación (DOF), modifica las reglas generales de la Ley Federal para la Prevención e Identificación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita (LFPIORPI).
Con esta actualización, la obligación de aplicar expedientes de debida diligencia y monitorear transacciones financieras ya no se limitará a las instituciones bancarias, sino que se volverá obligatoria para todos los sectores considerados actividades vulnerables. Entre los giros requeridos para reportar comportamientos atípicos figuran el desarrollo e inversión inmobiliaria, la venta de vehículos, las casas de juego y sorteos, la comercialización de arte, la emisión de tarjetas de servicios, las plataformas de activos virtuales, así como las notarías públicas y asociaciones civiles.
El marco normativo estipula que la etiqueta de PEP no concluye inmediatamente al término de un encargo público, sino que se mantendrá vigente de forma obligatoria durante todo el año posterior a la salida del cargo. Con ello, las autoridades de inteligencia financiera buscan cerrar espacios al uso de prestanombres y esquemas de ocultamiento patrimonial dentro de la administración pública y el sector privado.
Fuente: SHCP / DOF | © Redacción NoticiasPV Nayarit