Ante la iniciativa gubernamental de crear una empresa pública que frene el monopolio de insumos electorales, el consejero subrayó la necesidad de limpiar las operaciones previas de la institución.
Frente a la propuesta de la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo orientada a establecer una entidad pública capaz de desarticular el oligopolio en la producción de materiales electorales, el consejero del Instituto Nacional Electoral (INE), Arturo Chávez, advirtió que Talleres Gráficos de México (TGM) requiere un profundo saneamiento financiero y administrativo antes de asumir dichas responsabilidades institucionales, aclarando además los señalamientos sobre presuntas subcontrataciones.
El funcionario, quien ocupó la dirección de TGM durante un semestre, indicó en entrevista que si se destinan recursos públicos y se garantizan estrictos estándares de transparencia, la entidad podría encargarse de una porción de la demanda del árbitro electoral, aunque consideró improbable que logre absorber la totalidad de las licitaciones federales de manera inmediata. Asimismo, reconoció que resulta prioritario combatir los esquemas de lo que calificó como corrupción legal que han limitado la libre competencia en el sector.
Durante su gestión al frente de la dependencia, el INE adjudicó un contrato multimillonario para la elaboración de la credencial para votar a favor de la empresa Cosmocolor en asociación con TGM y otra compañía. Al respecto, Chávez rechazó haber participado en negociaciones comerciales, asegurando que su intervención se limitó a colaborar en aspectos técnicos de laboratorio, control de calidad y procesos operativos de impresión y ensobretado.
El debate sobre los proveedores del órgano electoral se intensifica en el contexto de las revisiones presupuestales y las exigencias de fiscalización planteadas por los poderes federales, buscando equilibrar la autonomía técnica del instituto con la rendición de cuentas en el manejo de recursos públicos.
Las discusiones sobre el futuro de las proveedurías continuarán en el ámbito legislativo y administrativo, donde diversos sectores analizan esquemas para abrir la competencia a un mayor número de empresas y garantizar transparencia absoluta en los procesos electorales venideros.
Fuente: Entrevistas periodísticas y archivos institucionales del INE | © Redacción NoticiasPV Nayarit