Un juez de control en el penal del Altiplano determinó que las pruebas aportadas por la FGR son suficientes para procesar al exmandatario por el ocultamiento de evidencias de los 43 normalistas.
Tras una audiencia que se prolongó por más de 15 horas en el Centro de Justicia del Penal Federal del Altiplano, en Almoloya de Juárez, un juez de control resolvió vincular a proceso penal al exgobernador de Guerrero, Ángel Heladio Aguirre Rivero. La Fiscalía General de la República (FGR) imputó al exmandatario el delito de desaparición forzada de personas, considerado un crimen de lesa humanidad, en el marco de las investigaciones por la agresión y posterior paradero desconocido de los 43 estudiantes de Ayotzinapa.
La acusación de la FGR se sustenta en señalamientos de la exvisitadora del Tribunal Superior de Justicia de Guerrero y de la expresidenta de dicho órgano judicial, quienes afirman que Aguirre Rivero ordenó ocultar y destruir material videográfico clave. Según las investigaciones, las grabaciones captadas por cámaras del Palacio de Justicia de Iguala la noche del 26 de septiembre de 2014 mostraban el momento en que un grupo de normalistas era traspasado de un autobús a otra unidad bajo custodia de personas armadas y elementos policiales. La Fiscalía sostiene que el exgobernador recibió dicho disco el 29 de septiembre de 2017 y lo entregó al entonces procurador Iñaki Blanco para su destrucción, con el propósito de encubrir presuntos vínculos de su entorno con el grupo delictivo Guerreros Unidos.
Pese a que la representación legal del exgobernador presentó más de 30 datos de prueba —incluida una coartada que argumentaba su presencia en una reunión con el entonces secretario de Gobernación en la Ciudad de México—, el juzgador desestimó estos elementos al considerar que no desvirtuaban la responsabilidad atribuida. El juez otorgó un plazo de 120 días para el cierre de la investigación complementaria, determinando que Aguirre Rivero permanezca recluido en el Penal de Máxima Seguridad del Altiplano, mientras su defensa busca conseguir la medida cautelar de prisión domiciliaria aludiendo a su estado de salud y sus 70 años de edad.
Fuente: FGR | © Redacción NoticiasPV Nayarit