Expedientes judiciales revelan que el empresario vinculado a la exconsejera presidenta del INE anuló restricciones financieras impuestas por la UIF.
José Alfredo Hernández Casillas, empresario beneficiado con contratos multimillonarios durante la gestión de Guadalupe Taddei Zavala al frente del Instituto Nacional Electoral (INE), logró evadir un bloqueo de cuentas bancarias instrumentado por la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) bajo presuntos indicios de operaciones con recursos de procedencia ilícita y terrorismo. De acuerdo con registros judiciales, la medida restrictiva fue solicitada en 2023 por el organismo dependiente de la Secretaría de Hacienda ante la detección de flujos financieros inusuales en el sistema bancario nacional a nombre del contratista y de su hermano Raymundo Francisco Hernández Casillas.
A pesar de que la UIF fundamentó el aseguramiento de cuentas en Santander, Scotiabank y Citibanamex amparándose en convenios internacionales para el combate al financiamiento del terrorismo, la defensa legal de los implicados interpuso juicios de amparo que fueron concedidos por juzgados federales en la Ciudad de México y ratificados posteriormente en 2024 por diversos Tribunales Colegiados de Circuito. Los magistrados determinaron que la medida carecía de una petición formal de carácter internacional, ordenando el levantamiento del congelamiento de fondos al no acreditarse plenamente los supuestos normativos invocados por la autoridad fiscalizadora.
Con el camino legal despejado, la empresa Cajas Graf, representada por Hernández Casillas, obtuvo en 2025 un contrato asignado directamente por la administración de Guadalupe Taddei por un monto de 198.7 millones de pesos destinado a la producción de material para los procesos electorales judiciales. Las revelaciones periodísticas recientes, acompañadas de materiales audiovisuales que documentan cercanía personal entre la exfuncionaria y el proveedor, han intensificado el escrutinio público sobre los criterios de adjudicación implementados en el árbitro comicial.
El caso ha colocado al centro del debate la necesidad de fortalecer los filtros de integridad corporativa y los cruces de información con las instancias de inteligencia financiera, garantizando que los proveedores que obtienen recursos del erario público carezcan de antecedentes o investigaciones abiertas por delitos de orden financiero y delincuencia organizada.
Las comisiones de fiscalización y los nuevos mandos del INE mantienen bajo revisión los convenios comerciales heredados de la administración pasada, mientras se evalúan las acciones legales conducentes para deslindar responsabilidades institucionales ante los probables conflictos de interés documentados.
Fuente: Expedientes del Poder Judicial de la Federación / Investigaciones periodísticas | © Redacción NoticiasPV Nayarit
Cargando ...
