Proveen Texas y Arizona el 83% de las armas ilegales confiscadas en México

Una investigación académica reveló que las normativas con mayor potencial para contener el tráfico ilícito hacia territorio mexicano permanecen inactivas o sufrieron modificaciones operativas a favor del sector industrial.

Un reporte especializado desarrollado por el Centro de Estudios Latinoamericanos de la Universidad de Georgetown, en coordinación con la plataforma internacional Global Exchange, documentó un estancamiento y retroceso estructural en las directrices del gobierno de los Estados Unidos destinadas a interceptar el contrabando de armas de fuego hacia la República Mexicana. El análisis técnico, sustentado en bitácoras de rastreo de la Agencia de Alcohol, Tabaco, Armas de Fuego y Explosivos (ATF), señala que el incremento del 125 por ciento en los aseguramientos fronterizos publicitado por la administración federal estadunidense resulta insuficiente frente al marco normativo permisivo que opera en sus entidades federativas.

Las académicas Claire Castrejon y Abigail Tank enfatizaron que el principal obstáculo administrativo radica en la vigencia de las denominadas «Enmiendas Tiahrt», disposiciones legales que prohíben de forma estricta a corporaciones como el FBI cooperar y compartir bases de datos integrales sobre transacciones mercantiles y compradores intermediarios o de paja. Asimismo, el informe expone los efectos nocivos derivados del traspaso de facultades de supervisión de exportaciones de armamento menor del Departamento de Estado al Departamento de Comercio; oficina que revocó las restricciones de control final bajo el argumento de priorizar incentivos económicos corporativos.

El desglose geográfico de la ATF determinó que los estados fronterizos de Texas y Arizona concentraron el 83.6 por ciento del arsenal recuperado y rastreado en territorio nacional durante el periodo de análisis. Ante dicho panorama, la investigación universitaria urgió a las autoridades parlamentarias norteamericanas a legislar la obligatoriedad de la revisión de antecedentes penales en transacciones privadas —el cual representa el 40.7 por ciento del origen del tráfico ilícito—, así como a incrementar la densidad de los puntos de inspección aduanal en dirección sur para mitigar los márgenes logísticos de los consorcios delictivos.

Fuente: Universidad de Georgetown y ATF | © Redacción NoticiasPV Nayarit

                                                         
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