El menor Osmar “N” enfrentará proceso bajo prisión preventiva tras el ataque en la preparatoria Antón Makárenko; el Gobierno de Michoacán busca reformas para juzgar a menores como adultos en delitos de alto impacto en este martes 31 de marzo de 2026.
El sistema judicial de Michoacán ha dado los primeros pasos firmes tras la tragedia que sacudió al sector educativo. Este martes 31 de marzo de 2026, se confirmó la vinculación a proceso del adolescente Osmar “N”, señalado como el presunto responsable del feminicidio de dos profesoras al interior de la Preparatoria Antón Makárenko, en la ciudad de Lázaro Cárdenas. El juez dictó la medida de prisión preventiva oficiosa, por lo que el joven permanecerá en el Centro de Internamiento para Adolescentes mientras se desarrolla la investigación complementaria.
Las víctimas: Dos vidas dedicadas a la enseñanza
El ataque, ocurrido el pasado 24 de marzo, cobró la vida de María del Rosario Sagrero Chávez, de 36 años, y Tatiana Madrigal Bedolla, de 37 años. Ambas docentes fueron agredidas con proyectiles de arma de fuego dentro del plantel escolar. Tras la detención, la institución educativa aclaró que el agresor era un alumno de nuevo ingreso y desmintió versiones que sugerían problemas previos de expulsión o deudas de colegiaturas, calificando el acto como una vulneración directa a los derechos en el ámbito educativo.
Iniciativa legal: Juzgar a menores como adultos
El impacto del crimen ha escalado hasta el Poder Ejecutivo. El gobernador de Michoacán, Alfredo Ramírez Bedolla, anunció que en los próximos quince días enviará una iniciativa de ley al Congreso local para que los menores de edad puedan ser juzgados como adultos cuando cometan delitos de alto impacto, como el feminicidio. “Es un tema muy serio, perfectamente sustentado y valorado”, afirmó el mandatario, subrayando la necesidad de actualizar el marco legal ante la gravedad de estos hechos que han dejado a la comunidad de Lázaro Cárdenas en luto.
Derechos Humanos y acompañamiento
Por su parte, la Comisión Estatal de Derechos Humanos (CEDH) inició una carpeta de investigación y desplegó acciones de acompañamiento institucional para las familias de las víctimas y la comunidad escolar. Mientras el juez otorgó un plazo de un mes para el cierre de las investigaciones, la sociedad michoacana sigue de cerca el proceso, exigiendo que el estatus de minoría de edad no se convierta en una puerta a la impunidad en este cierre de marzo de 2026 marcado por la violencia de género en las aulas.
Fuente: Poder Judicial de Michoacán / Gobierno del Estado | © Redacción NoticiasPV Nayaritv
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