Con más de 214 mil decesos anuales atribuidos a el tabaquismo, organizaciones civiles advierten que las prohibiciones absolutas fortalecieron las finanzas del crimen organizado a través del contrabando.
Las estrategias de salud pública implementadas para frenar el consumo de tabaco tradicional y electrónico en el territorio nacional muestran un panorama de estancamiento estructural. Registros basados en la Encuesta Global de Tabaquismo en Adultos revelan que el 15.6% de la población mayor de 15 años mantiene este hábito, lo que representa a 14.6 millones de personas y consolida a esta adicción como la principal causa de muerte evitable en el país, cobrando la vida de aproximadamente 214 mil ciudadanos cada año. Esta problemática genera un impacto financiero crítico para el Estado, devengando un gasto directo diario de 318 millones de pesos en el sistema público de salud para la atención de padecimientos asociados.
En el marco de las conmemoraciones internacionales contra el consumo de nicotina, un bloque de nueve colectivos de la sociedad civil urgió al Congreso de la Unión y al gobierno federal a transitar hacia un modelo de regulación diferenciada por niveles de riesgo respaldado por evidencia científica. Los especialistas señalaron que las restricciones totales e inéditas adoptadas de manera constitucional contra los cigarros electrónicos y vapeadores no disminuyeron el consumo, sino que transfirieron el control total del mercado a por lo menos siete organizaciones criminales.
Este comercio clandestino genera actualmente una derrama económica ilícita de entre 15 mil y 20 mil millones de pesos anuales, además de propiciar una evasión fiscal en el sector de los cigarrillos convencionales que asciende a los 26 mil millones de pesos debido a que casi una cuarta parte del producto consumido proviene del contrabando.
Representantes de agrupaciones enfocadas en el análisis del vapeo explicaron que cerca de tres millones de personas persisten en el uso de dispositivos electrónicos dentro del territorio nacional, adquiriendo ahora insumos sin ningún tipo de supervisión sanitaria ni controles de calidad básicos. Asimismo, acusaron que la falta de un marco normativo formal ha facilitado el acceso sin restricciones de los menores de edad a estos productos en la vía pública. Las organizaciones llamaron a evaluar los esquemas regulatorios de naciones como Suecia, Nueva Zelanda o Argentina, las cuales sustituyeron las prohibiciones absolutas por regímenes de fiscalización y evaluación de riesgos sanitarios, logrando reducciones históricas en sus tasas de tabaquismo diario y menores incidencias de enfermedades respiratorias crónicas.
Fuente: La Encuesta Global de Tabaquismo en Adultos | © Redacción NoticiasPV
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